Privatización del sector eléctrico estatal: señales de un nuevo ciclo energético
Argentina acelera su proceso de desinversión en activos de generación eléctrica con la autorización formal para vender las participaciones que Energía Argentina S.A. (Enarsa) mantiene en dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado: Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica José de San Martín S.A. El mecanismo elegido es la licitación pública de alcance nacional e internacional, en línea con el marco establecido por la Ley 23.696 de Reforma del Estado. En una etapa posterior, el mismo proceso alcanzará a la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., una vez completada la liquidación del fideicomiso asociado a esa planta.
Las cifras en juego son significativas. En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano, el Estado posee 4,601,324 acciones equivalentes al 65.01% del capital social; en Termoeléctrica José de San Martín, la participación asciende a 4,871,709 acciones, representando el 68.83% del accionariado. Ambas sociedades fueron constituidas en diciembre de 2005 bajo un esquema de expansión de capacidad instalada que involucró a agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través del fondo Foninvemem, y cada central fue diseñada para aportar al menos 800 megavatios de generación en ciclo combinado. El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos vinculados a ambas plantas, habilitando formalmente el traspaso de activos a las sociedades beneficiarias y despejando el camino para la privatización.
Este movimiento se inscribe en una tendencia más amplia de reconfiguración del rol del Estado en la infraestructura energética latinoamericana. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región requiere inversiones anuales superiores a los 320,000 millones de dólares en infraestructura hasta 2030, una brecha que los gobiernos difícilmente pueden cubrir sin participación privada. Para los estrategas corporativos e inversores de venture con exposición al sector energético, la licitación de activos con capacidad instalada probada y contratos de abastecimiento con CAMMESA representa una oportunidad de entrada con riesgo operativo acotado. El decreto 1107/2026 encomienda al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas la implementación del proceso, aunque aún no se han definido fechas de convocatoria ni condiciones económicas específicas, variables que determinarán el nivel de interés del mercado y la competitividad de las ofertas.
