AIMX propone cooperación para proteger datos personales
Por Empresas2030
La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) expresó su reconocimiento y, a la vez, su preocupación por los comunicados 111 y 113 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicados el 20 y el 24 de septiembre. En ellos, la autoridad informó que localizó en Telegram la oferta de bases de datos de ciudadanos atribuidas a empresas privadas, y anunció investigaciones de oficio.
La organización, que representa a la industria digital desde hace 25 años, comparte el objetivo de proteger a las personas titulares de los datos. Sostiene que detectar a tiempo una posible exposición permite activar protocolos de respuesta, verificar la información, contener el daño e informar a los afectados, como exige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Compartir el hallazgo primero y por canales directos con quien puede actuar puede reducir de días a horas el tiempo de reacción.
Sin embargo, advierte que un monitoreo no debe derivar de forma automática en el anuncio público de una investigación contra una empresa identificada por su nombre, cuando los propios comunicados hablan de filtraciones "supuestamente atribuibles". Recuerda que la Ley solo permite la verificación de oficio ante una presunción fundada de violación, que exige medidas de seguridad acordes al riesgo, no infalibilidad, y que la presunción de inocencia rige también en el procedimiento administrativo sancionador. Precisa que la venta de una base sustraída es un delito cuya investigación compete al Ministerio Público y a las policías cibernéticas.
Lina Rodríguez, presidenta de la AIMX, alertó que un esquema donde cada publicación criminal detona una verificación crea un incentivo perverso: entrega a los delincuentes una nueva palanca de extorsión y desalienta que las empresas compartan información sobre incidentes.
La asociación añade que la difusión prematura puede alertar al infractor, debilitar la prueba fuera de la cadena de custodia, amplificar la oferta criminal al funcionar como sello de autenticidad, y crear un riesgo adicional por los datos de más de 100 mil personas en poder de la autoridad. Juan Antonio Ramírez Márquez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno, subrayó que la comunicación debe distinguir entre indicio, hipótesis y hecho acreditado, sin minimizar el incidente ni limitar las facultades de la autoridad.
Como industria, la AIMX invita a la Secretaría a construir un modelo de cooperación frente a los grupos delincuenciales y propone seis medidas: aviso temprano y confidencial al responsable; coordinación inmediata con el Ministerio Público y la policía cibernética; criterios claros de comunicación pública que reserven el nombre de la empresa hasta contar con hechos verificados; una mesa permanente entre autoridad, industria, academia y sociedad civil; atenuantes formales para quienes notifiquen y cooperen; y un protocolo de preservación de evidencia digital.
Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes, afirmó que un entorno que castiga la transparencia produce silencio y deja indefensas a las personas. Reiteró el reconocimiento a la Secretaría y la disposición de la asociación para trabajar con todos los sectores.
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