Colombia elimina zonas de protección agrícola en Cundinamarca y devuelve autonomía municipal
Cinco municipios de Cundinamarca —Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio— recuperan el control sobre aproximadamente 16,000 hectáreas de suelo rural tras la derogación formal de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una figura normativa creada bajo la Ley 2294 de 2023 con el propósito de blindar terrenos agrícolas frente a la expansión urbana y los cambios de uso del suelo. La medida, formalizada mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura, transfiere nuevamente a alcaldes y concejos locales la facultad de definir el ordenamiento territorial a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Desde una perspectiva de política pública, la decisión pone en evidencia una tensión estructural que persiste en América Latina: el equilibrio entre la planificación centralizada del uso del suelo —orientada a garantizar seguridad alimentaria— y la autonomía de los gobiernos subnacionales para gestionar su propio desarrollo. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) identificó deficiencias metodológicas en la información que sustentó la delimitación original de las Appa, lo que debilitó la base técnica de la normativa y abrió la puerta a su revisión. Este tipo de cuestionamiento sobre la solidez de los diagnósticos que respaldan regulaciones territoriales es un patrón recurrente en procesos de reforma agraria en la región.
Para los estrategas de inversión y desarrollo inmobiliario rural, la reconfiguración normativa en estos municipios —ubicados en una de las zonas de mayor presión urbanística del país, dada su cercanía a Bogotá— representa una señal de cambio en el marco regulatorio que conviene monitorear de cerca. La recuperación de la autonomía municipal en materia de ordenamiento no implica necesariamente una apertura irrestricta al desarrollo urbano, pero sí amplía el margen de negociación entre actores privados y administraciones locales. El reto para las comunidades y sus gobiernos será definir, con criterios técnicos propios, qué usos del suelo resultan más convenientes para el desarrollo agrícola y económico de largo plazo, sin depender exclusivamente de directrices nacionales que, como quedó demostrado, pueden carecer de sustento territorial suficiente.
