Debilidad institucional y brecha de productividad: el freno estructural al desarrollo
Investigaciones académicas de largo aliento sobre los determinantes del desarrollo económico vuelven a cobrar relevancia en el debate sobre el estancamiento productivo de economías emergentes como la mexicana. Un estudio seminal de 1999, firmado por los economistas Robert E. Hall y Charles I. Jones, plantea una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria en México: ¿por qué algunos países generan mucho más producto por trabajador que otros? La respuesta, lejos de apuntar a la acumulación de capital físico o al volumen de exportaciones, señala directamente a la calidad de lo que los autores denominan 'infraestructura social': el conjunto de leyes, políticas públicas y regulaciones que protegen el trabajo honesto y garantizan la certidumbre contractual.
Para México, este marco analítico funciona como un diagnóstico incómodo. A lo largo de décadas, el país ha seguido recetas económicas convencionales: apertura comercial, integración en cadenas globales de valor y formación de capital humano a escala masiva. Sin embargo, la brecha de productividad laboral respecto a Estados Unidos permanece casi inalterada. La explicación que ofrece este enfoque institucionalista es precisa: cuando el aparato estatal no ofrece certidumbre, empresas y familias deben destinar recursos valiosos a su propia defensa en lugar de a la innovación y la creación de valor. Gastos en seguridad privada, burocracia excesiva, extorsión y competencia desleal de actores informales operan como un impuesto silencioso que socava la eficiencia agregada. Según estimaciones del IMCO, la economía informal representa cerca del 25% del PIB mexicano, lo que ilustra la magnitud del drenaje institucional sobre la productividad total de los factores.
El comercio exterior ha sido un motor real para la economía nacional, pero los datos muestran sus límites cuando la gobernanza interna es débil. Naciones con marcos legales robustos y gobiernos eficientes logran multiplicar los rendimientos de su fuerza laboral; aquellas donde prevalecen la corrupción y el desvío de recursos quedan atrapadas en trampas de baja productividad, independientemente de sus acuerdos comerciales. Para los estrategas corporativos y los tomadores de decisiones de inversión, este análisis tiene implicaciones directas: la rentabilidad de largo plazo en mercados emergentes depende menos de los aranceles negociados y más de la solidez de las instituciones locales que sancionan delitos, garantizan contratos y protegen el patrimonio. Construir o fortalecer esa infraestructura social no es una agenda política abstracta; es la condición de posibilidad de cualquier estrategia de crecimiento sostenible.
