Crisis oncológica en Cuba: colapso del sistema de salud bajo presión económica y sanciones

Más de 70 personas mueren cada día por cáncer en Cuba, según datos difundidos por medios estatales de la isla, mientras la tasa de supervivencia de niños y jóvenes diagnosticados con esta enfermedad cayó del 85% al 65% en los últimos años. La cifra coloca al país ante una emergencia sanitaria de largo plazo que combina desabasto farmacéutico, restricciones financieras internacionales y un sistema de salud sometido a presión extrema.

De los 395 medicamentos que Cuba produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 se encuentran actualmente en falta por problemas de acceso a materias primas e insumos farmacéuticos. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la industria biotecnológica y farmacéutica cubana registró pérdidas superiores a 134 millones de dólares atribuidas a restricciones de acceso a mercados internacionales. A esto se suma la suspensión de operaciones por parte de 34 entidades bancarias internacionales que, ante el riesgo de sanciones secundarias, han dejado de facilitar transacciones vinculadas a la adquisición de insumos médicos para la isla. La imposibilidad de acceder a tecnología con más del 10% de componentes de origen estadounidense obliga al país a operar a través de intermediarios, encareciendo los costos de manera significativa.

En respuesta a la crisis de abastecimiento, el Gobierno cubano autorizó en julio la gestión privada de farmacias, una medida que rompe con décadas de control estatal sobre el sector salud. Sin embargo, ninguna de estas farmacias ha iniciado operaciones formales hasta el momento, lo que evidencia las dificultades estructurales para implementar reformas en un entorno de crisis energética y económica simultánea. Los hospitales operan con recursos mínimos en medio de apagones que superan las 20 horas diarias, mientras los precios de medicamentos en mercados informales se han disparado. Para los estrategas de salud global y los inversores en infraestructura sanitaria, el caso cubano representa una señal de alerta sobre la fragilidad de sistemas de salud altamente centralizados cuando enfrentan choques externos sostenidos sin capacidad de diversificación de proveedores ni acceso a financiamiento internacional.