Entramado hotelero e inmobiliario bajo juicio por presunto lavado de activos en la Patagonia
Sociedades hoteleras, inmobiliarias y constructoras vinculadas a la Patagonia argentina enfrentan un juicio oral federal que examina un presunto esquema de lavado de activos articulado a través de contratos de alquiler, administración hotelera y operaciones societarias. El Tribunal Oral Federal 5 conduce un proceso unificado con 26 imputados, entre ellos figuras políticas y empresariales de primer nivel, acusados de asociación ilícita y recepción de dádivas mediante estructuras corporativas que habrían servido para justificar fondos de origen cuestionado como ingresos legítimos del sector turístico.
Según la hipótesis presentada por la fiscalía, el esquema operaba en dos circuitos paralelos. En el primero, una sociedad administradora actuaba como intermediaria entre grupos empresariales y las propietarias de hoteles en la región, canalizando pagos por servicios que los acusadores califican de simulados. En el segundo, contratos de alquiler de propiedades e inmuebles habrían permitido transferir fondos entre grupos económicos y sociedades familiares, presentando dichos ingresos como parte de la actividad hotelera ordinaria. Los establecimientos involucrados incluyen hoteles de alta gama en la provincia de Santa Cruz, cuya operación habría servido como cobertura para el flujo de capitales investigado. Los fiscales identificaron además la participación de escribanos en la formalización de negocios societarios y de empleados bancarios en presuntas irregularidades registrales, con un monto total cercano a los 26 millones de pesos que habrían ingresado a una de las sociedades bajo escrutinio.
Desde una perspectiva de análisis corporativo, el caso ilustra los riesgos de cumplimiento normativo (compliance) asociados a estructuras de administración delegada en sectores como el hotelero y el inmobiliario, donde los flujos entre sociedades vinculadas pueden dificultar la trazabilidad de los fondos. Para directivos y consejos de administración, el juicio pone en relieve la creciente exigencia regulatoria en materia de prevención de lavado de activos, tanto en Argentina como en el resto de América Latina, donde organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) han intensificado los controles sobre operaciones inmobiliarias y hoteleras de gran escala. La resolución de este proceso marcará un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas y sus administradores en casos de presunta utilización de estructuras empresariales con fines ilícitos.
