Brecha tecnológica en prevención antilavado expone al sector financiero no bancario
Siete de cada diez entidades obligadas en El Salvador supervisan sus transacciones financieras de forma manual o con hojas de cálculo básicas, según un análisis de expertos en finanzas y gestión de riesgos. Esta brecha tecnológica no es un problema aislado: refleja una vulnerabilidad estructural que las organizaciones delictivas han aprendido a explotar con precisión, utilizando activos digitales, billeteras móviles y redes de personas reclutadas como intermediarios financieros para ocultar el origen de fondos ilícitos.
El fenómeno de las llamadas 'mulas financieras' ha crecido de forma sostenida en los últimos cinco años en la región. Se trata de ciudadanos con ingresos bajos o deudas elevadas que prestan sus cuentas bancarias o billeteras electrónicas para recibir depósitos que luego transfieren a terceros, frecuentemente al extranjero, a cambio de pagos periódicos. Los datos disponibles indican que aproximadamente siete de cada diez personas involucradas en este esquema son mujeres, lo que señala una dimensión de género que las políticas de cumplimiento normativo aún no han incorporado de manera sistemática. Este mecanismo se complementa con el fraccionamiento de remesas —montos de entre 150 y 400 dólares enviados a destinatarios sin vínculo familiar— y con la constitución de empresas ficticias que utilizan representantes legales locales para encubrir actividades ilícitas.
Solo el 30% del sector, integrado principalmente por bancos de capital internacional, opera con sistemas automatizados de monitoreo y evaluación de riesgos. El 70% restante —que abarca lotificadoras, importadoras, firmas inmobiliarias y pequeños operadores de activos virtuales— carece de estas capacidades. Según especialistas consultados, el obstáculo principal no es únicamente el costo de implementar inteligencia artificial aplicada al cumplimiento normativo, sino la ausencia de una cultura de gestión de datos: sin registros internos estructurados y personal capacitado para identificar patrones anómalos, cualquier inversión tecnológica resulta ineficaz. Este diagnóstico coincide con tendencias documentadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 2022 ha intensificado sus evaluaciones sobre la madurez de los marcos de cumplimiento en Centroamérica. Para los estrategas corporativos y directivos de cumplimiento, el mensaje es claro: la automatización antilavado dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de supervivencia regulatoria.
