Minería ilegal en Perú supera a la formal: señales de alerta para la economía extractiva
Perú enfrenta una crisis estructural en su sector extractivo: la producción clandestina de oro ha alcanzado 110 toneladas anuales, volumen que supera al de las exportaciones formales del metal. El dato, presentado ante el Congreso de la República en una mesa técnica especializada, evidencia cómo las economías ilícitas han escalado hasta convertirse en un factor sistémico que distorsiona mercados, erosiona ingresos fiscales y compromete la gobernanza en regiones enteras del país.
Para los estrategas corporativos y los tomadores de decisión en sectores vinculados a cadenas de suministro de minerales, el fenómeno tiene implicaciones directas. La minería formal representa cerca del 10% del producto interno bruto peruano, concentra más del 66% de las exportaciones nacionales y sostiene aproximadamente 290,000 empleos directos, además de más de un millón y medio de puestos indirectos. Cuando la producción ilegal supera a la legal en volumen, el riesgo reputacional para toda la cadena de valor —desde la extracción hasta la comercialización internacional— se vuelve difícil de gestionar sin mecanismos de trazabilidad robustos. Investigaciones del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han documentado que el oro de origen ilegal frecuentemente se mezcla con flujos formales en puntos de procesamiento sin controles adecuados, lo que compromete los estándares ESG de compradores institucionales en mercados europeos y norteamericanos.
Más allá del impacto económico, la dimensión social del problema redefine el concepto de riesgo operativo en zonas de influencia minera. En distritos donde la extracción ilícita es predominante, las tasas de homicidio pueden ser hasta 45 veces superiores al promedio nacional, según datos presentados en la mesa técnica. La contaminación por mercurio en fuentes de agua y las denuncias de violaciones a derechos humanos en territorios controlados por redes criminales configuran un entorno de alta complejidad para cualquier operador formal que compita por los mismos recursos geológicos. Ante este escenario, la propuesta de fortalecer la formalización a través de plantas de procesamiento de minerales —como punto de verificación del origen del oro que ingresa a la cadena comercial— representa un enfoque con potencial para articular cumplimiento tributario, trazabilidad y reducción del riesgo reputacional en un solo mecanismo. El vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, previsto para finales de 2026, marca una ventana crítica: la decisión de extender o no ese registro definirá si el Estado opta por consolidar estándares o perpetuar una zona gris que beneficia a los actores ilegales.
