Tasa de usura a la baja: qué significa para el crédito formal e informal en Colombia
Tres reducciones consecutivas en la tasa de usura durante el mismo año configuran una señal relevante para el sistema crediticio colombiano. Para noviembre, la Superintendencia Financiera estableció que el tope máximo de interés para créditos de consumo y ordinarios descenderá a 28.34% efectivo anual (E.A.), una caída de 0.25 puntos porcentuales frente al 28.59% registrado en octubre. El indicador base, el interés bancario corriente (IBC), quedó certificado en 18.89% E.A., también por debajo del 19.06% del mes anterior. Este ajuste se aplica del 1 al 30 de noviembre y afecta directamente los costos de financiamiento para más de 15.7 millones de tarjetas de crédito activas en el país.
Más allá del ajuste técnico, los datos estructurales revelan un sistema financiero con cobertura limitada. Según el Reporte de Inclusión Financiera de septiembre, el crédito formal alcanza apenas al 36.6% de los adultos colombianos; al incorporar entidades no financieras, la cifra sube a 51.6%. En hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo, los bancos financian el 21.7% de la deuda, mientras que los prestamistas informales —conocidos como 'gota a gota'— cubren el 17.7%. En el segmento de mayores ingresos, esa proporción se invierte radicalmente: 64.1% bancario frente a 3.7% informal. Estos datos, recogidos por el Centro de Pensamiento Económico Anif en colaboración con Colombia Fintech, ilustran por qué la regulación de tasas tiene un impacto diferenciado según el perfil socioeconómico del deudor.
El mercado paralelo opera en una dimensión completamente distinta a la del crédito regulado. Las tasas anuales del 'gota a gota' alcanzan hasta 382% para personas naturales y 666% para micro, pequeñas y medianas empresas, frente al 28.34% que establece el nuevo tope legal. Anif ha señalado que, aunque la tasa de usura cumple una función protectora, su diseño actual presenta limitaciones: la cartera de consumo y la ordinaria se certifican de forma conjunta a pesar de tener perfiles de riesgo distintos. La cartera ordinaria corresponde a empresas con mayor capacidad de pago, mientras que el crédito de consumo agrupa perfiles más vulnerables. Flexibilizar ese cálculo permitiría una regulación más precisa y, potencialmente, ampliar el acceso al crédito formal en segmentos hoy capturados por el mercado informal.
