Rescatar especies del abismo: por qué salvarlas es solo el inicio del desafío

Cuarenta años después de que biólogos capturaran al último ejemplar silvestre para evitar su desaparición definitiva, el cóndor de California supera hoy los 600 individuos, con cerca de 400 reintegrados a su hábitat natural. Este resultado, considerado uno de los mayores logros de la conservación moderna, no llegó sin costos: décadas de inversión pública, tensiones con comunidades rurales, disputas con grupos de cacería y debates irresueltos sobre quién decide qué especies merecen ser salvadas y a qué precio.

Ese dilema estructural fue el eje central de la reciente cumbre de biodiversidad de la ONU, donde se discutió la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, firmado en 2022. El acuerdo establece metas ambiciosas: proteger el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta, frenar las extinciones de origen humano y movilizar al menos 200,000 millones de dólares anuales para 2030. Sin embargo, el pacto no especifica qué especies deben priorizarse individualmente, lo que deja abierta una brecha crítica entre el compromiso político y la ejecución en campo. Un análisis de más de 14,000 programas de conservación ejecutados entre 1992 y 2016 evidenció la magnitud del desequilibrio: cinco grupos de grandes mamíferos —primates, carnívoros, cetáceos, elefantes y rinocerontes— concentraron el 86% de todos los fondos disponibles, mientras que plantas e invertebrados, organismos fundamentales para la cadena alimentaria global, apenas recibieron el 6.6% del financiamiento total.

Este sesgo hacia especies carismáticas no es solo un problema ético; representa un riesgo sistémico para la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas. Ignorar a los polinizadores y a los organismos base de las cadenas tróficas compromete directamente la producción agrícola y los servicios ecosistémicos de los que dependen economías enteras. Con aproximadamente un millón de especies en riesgo de extinción a escala global, según estimaciones del Panel Intergubernamental de Biodiversidad (IPBES), la pregunta ya no es si los recursos son insuficientes —claramente lo son— sino cómo distribuirlos con criterios científicos, equitativos e inclusivos. Las comunidades locales y los pueblos indígenas, que habitan y gestionan gran parte de los territorios donde estas especies sobreviven, siguen siendo los actores menos consultados en las decisiones que más los afectan. Cualquier estrategia de conservación que ignore esta realidad está construida sobre bases frágiles.