Derechos conexos de la prensa: legisladores refuerzan reglas frente al poder digital
Siete años después de la primera legislación sobre derechos conexos, el parlamento francés avanza hacia un marco normativo más robusto que obligue a las grandes plataformas digitales a compensar de forma justa a editores y agencias de prensa. Una comisión mixta paritaria, integrada por diputados y senadores, alcanzó un acuerdo sobre el texto de una propuesta de ley que busca corregir las fallas de aplicación que han persistido desde la ley del 24 de julio de 2019. El consenso legislativo representa una señal relevante para los mercados de medios en economías donde la tensión entre periodismo y plataformas tecnológicas sigue sin resolverse.
El diagnóstico que impulsa la reforma es contundente: la distribución del valor generado por el trabajo periodístico sigue siendo profundamente asimétrica. Un estudio conjunto de la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) y la Dirección General de Medios e Industrias Culturales (DGMIC), publicado en enero de 2024, proyecta que cuatro grandes plataformas extraeuropeas concentrarán el 65% del mercado publicitario en 2030, frente al 52% registrado en 2022. En paralelo, los recursos disponibles para medios informativos y creativos podrían contraerse de forma significativa en ese mismo horizonte. Los editores han señalado además la opacidad de las plataformas en la entrega de datos necesarios para calcular remuneraciones, lo que ha derivado en litigios prolongados y costosos que absorben recursos editoriales críticos.
Para corregir estas distorsiones, la propuesta legislativa amplía las facultades de la Arcom para exigir información a las plataformas durante las negociaciones y para intervenir en disputas sobre remuneración. También clarifica qué publicaciones son elegibles para los derechos conexos y mejora los mecanismos de información hacia periodistas y autores sobre los montos que perciben los editores. Con la Asamblea Nacional habiendo aprobado el texto en marzo y el Senado introduciendo modificaciones en junio —sin objeciones de la Comisión Europea tras la notificación correspondiente—, la votación final prevista para noviembre podría consolidar un modelo regulatorio que otros mercados observan con atención como referente para reequilibrar la economía de la información en la era digital.
