Países anfitriones de cumbres climáticas atrapados entre la agenda verde y el carbón
Organizar una cumbre climática de la ONU mientras se expande la capacidad de generación con carbón no es una paradoja menor: es una señal de las tensiones estructurales que enfrentan economías emergentes con alta dependencia de combustibles fósiles. Este es el escenario que define la posición de Turquía como sede de las negociaciones climáticas de este año, donde el país exhibe avances reales en renovables al tiempo que consolida una matriz energética que contradice sus propias metas de descarbonización.
En el frente de la energía limpia, los números son relevantes: Turquía ha aprobado más de 33 gigavatios (GW) de proyectos de almacenamiento en baterías desde 2022, suficientes para abastecer a más de 27 millones de hogares, posicionándose como uno de los mayores portafolios de proyectos de baterías en Europa. La energía eólica y solar ya representa el 22% de la electricidad generada en el país, frente al 4.5% de hace una década. Sin embargo, estos avances no compensan una tendencia paralela: la generación eléctrica a partir de carbón ha crecido aproximadamente un tercio en el mismo período, y para 2024 el país supera a Alemania y Polonia en capacidad de generación carbonífera dentro del continente europeo.
Para los estrategas corporativos y los inversores en infraestructura energética, el caso turco ilustra un patrón que se replica en múltiples economías de renta media: la transición energética avanza, pero no desplaza al carbón, sino que coexiste con él. Alrededor del 97% de los nuevos proyectos de carbón han sido cancelados en la última década en el país, presionados por la oposición comunitaria y la falta de viabilidad financiera. No obstante, en junio se anunció la expansión de una de las mayores centrales carboníferas existentes, casi duplicando su capacidad. Este movimiento refleja lo que analistas del sector describen como una 'política energética conservadora': la meta climática vigente permite que las emisiones sigan aumentando hasta 2038, lo que complica el objetivo declarado de alcanzar cero emisiones netas para 2053.
Detrás de estas decisiones existe una vulnerabilidad estructural que los mercados no deben ignorar: Turquía importa el 95% de su gas natural, el 83% de su petróleo crudo y el 60% de su carbón. Esta exposición a los mercados globales de energía representa un riesgo sistémico que, paradójicamente, debería acelerar la transición hacia fuentes domésticas y renovables. Según el marco del Foro Económico Mundial, las economías con alta dependencia energética importada son las que más tienen que ganar —en términos de seguridad y competitividad— con una transición bien gestionada. El dilema turco no es único: es el espejo en el que se miran docenas de economías que negocian entre la urgencia climática y la inercia de sus sistemas energéticos heredados.
