Estándares corporativos de cero emisiones netas: cómo cambia la contabilidad eléctrica
Nuevas reglas para la contabilidad de electricidad de cero emisiones netas están siendo sometidas a consulta pública internacional, en un proceso que podría redefinir la forma en que las corporaciones reportan y gestionan sus emisiones de Alcance 2. La Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) ha abierto un periodo de retroalimentación sobre modificaciones propuestas a su Estándar Corporativo de Cero Emisiones Netas 2.0, cuya entrada en vigor está prevista para febrero de 2027. Para los estrategas de sostenibilidad y los directivos responsables de compromisos climáticos, este proceso representa una ventana crítica para influir en marcos que determinarán la viabilidad operativa de sus metas de descarbonización.
Entre los cambios más relevantes bajo análisis destaca la definición de 'regiones de entregabilidad' en redes eléctricas, un concepto técnico con consecuencias prácticas significativas: determina si la energía renovable contratada puede considerarse genuinamente atribuible al consumo de una empresa. Actualmente, el estándar ofrece una definición general que ha generado interpretaciones divergentes entre compañías. SBTi evalúa publicar una lista provisional de estas regiones para evitar enfoques fragmentados antes de que el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) —que también revisa sus propias reglas de contabilidad eléctrica— emita orientaciones definitivas. Según datos del WEF, más de 9,000 empresas han adoptado compromisos alineados con marcos científicos de reducción de emisiones, lo que dimensiona el alcance de estas definiciones técnicas.
Otros dos ajustes propuestos tienen implicaciones directas para la planificación de inversiones. Primero, la revisión de las pautas sobre agregación de carga eléctrica en contratos complejos busca flexibilizar la exigencia actual de que la energía baja en carbono provenga exclusivamente de redes interconectadas, una restricción que limita operaciones en mercados con infraestructura eléctrica fragmentada, como varios países de América Latina. Segundo, se propone reconocer contratos de electricidad baja en carbono firmados con anterioridad a la fecha límite del estándar, aun cuando la energía no haya sido entregada físicamente, lo que protegería inversiones ya comprometidas. Para los líderes corporativos, el mensaje estratégico es claro: participar activamente en esta consulta —abierta por 30 días a partir del 5 de noviembre— no es solo un ejercicio de cumplimiento, sino una oportunidad para moldear los marcos regulatorios que definirán el costo y la credibilidad de sus compromisos climáticos en la próxima década.
