Reforma fiscal diferencia medicina prepagada y pólizas de salud por perfil de ingresos

Criterios de progresividad fiscal están en el centro del debate que rodea la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda, que propone gravar con un IVA del 19 % a la medicina prepagada mientras deja en tarifa cero a las pólizas y planes complementarios de salud. El argumento central del Gobierno descansa en datos socioeconómicos: el 80 % de los usuarios de medicina prepagada pertenece al quintil de mayor ingreso de la población, y el 66 % se ubica dentro del decil más rico. En contraste, solo el 29 % de quienes contratan pólizas voluntarias proviene de ese mismo segmento de altos ingresos, lo que, según Hacienda, justifica un tratamiento fiscal diferenciado.

Esta distinción ocurre en un mercado privado de salud que ha mostrado expansión sostenida. Cerca de 1.5 millones de personas cuentan actualmente con contratos de medicina prepagada, un crecimiento del 35 % respecto a hace tres años, mientras que el segmento de pólizas agrupa a aproximadamente 1.8 millones de asegurados. Para los estrategas corporativos y directivos del sector salud, esta dinámica señala una demanda creciente de servicios complementarios al sistema público, lo que convierte a la reforma en una variable crítica para la planificación financiera de las empresas del sector y para los beneficios corporativos que muchas compañías ofrecen a sus colaboradores.

Paralelamente, la reforma rediseña el mecanismo de compensación del IVA para hogares de bajos ingresos. El esquema actual, que transfiere aproximadamente 111,000 pesos a cerca de 700,000 hogares a través del Departamento de Prosperidad Social, sería reemplazado por un programa denominado EfectIVA, con cobertura potencial de hasta 35 millones de personas. A diferencia del modelo vigente, la devolución operaría por individuo y estaría vinculada al IVA efectivamente pagado, con un techo de devolución que podría alcanzar los 288,000 pesos mensuales. El Ministerio garantiza que los beneficiarios actuales no recibirán montos inferiores durante la transición. Para los líderes empresariales, el impacto de esta reforma trasciende lo fiscal: redefine los incentivos de contratación de servicios privados de salud y podría modificar la estructura de compensación y beneficios en las organizaciones.