Anomalía fiscal mexicana: baja recaudación y expansión del Estado de bienestar
Recaudar impuestos equivalentes al 15% del Producto Interno Bruto coloca a México en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio supera el 34%. Esta brecha no es coyuntural: refleja décadas de decisiones estructurales que combinan exenciones amplias, informalidad económica persistente y una erosión profunda de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Dos impuestos ilustran con precisión la magnitud del problema. El predial —gravamen sobre propiedades inmuebles— representa apenas el 0.2% del PIB, frente al 0.8% que registra el promedio regional latinoamericano; la causa principal es que los valores catastrales en México equivalen a entre el 30 y el 40% del valor comercial real de los inmuebles. Por su parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) opera a una tasa del 16%, dos puntos por debajo del promedio regional, con reducciones adicionales en cerca de 70 municipios fronterizos y exenciones para productos básicos como agua, insumos agropecuarios y alimentos esenciales. Países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile registran tasas de recaudación notablemente superiores, lo que subraya que el fenómeno mexicano no es un rasgo inherente a las economías emergentes, sino una elección de política pública.
Expertos en finanzas públicas identifican al menos tres vectores que perpetúan esta anomalía. Primero, la informalidad: se estima que más de la mitad de la actividad económica del país opera fuera del sistema fiscal formal, lo que contrae la base gravable de manera estructural. Segundo, la asimetría contributiva: como señala la abogada y analista Vanessa Romero Rocha, resulta técnicamente más sencillo retener impuestos a trabajadores en nómina que fiscalizar a propietarios de activos e inversionistas. Tercero, el círculo vicioso descrito por Mariana Campos, directora de un centro de estudios en política pública: la percepción de corrupción, servicios precarios y criminalidad alimenta la desconfianza hacia el Estado, lo que a su vez desincentiva el cumplimiento fiscal voluntario. Para los estrategas corporativos y los analistas de riesgo país, esta tensión adquiere relevancia inmediata: el gobierno actual ha comprometido la expansión de pensiones universales y programas de bienestar social sin modificar la estructura tributaria, lo que presiona el déficit fiscal y eleva la incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo a mediano plazo.
