Doble IVA a maquiladoras: el debate fiscal que puede reconfigurar la manufactura en México
Posponer no es resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó el análisis de un proyecto que establecería que las maquiladoras paguen el impuesto al valor agregado (IVA) en dos ocasiones por los insumos que importan a territorio mexicano. Aunque se contempla la posibilidad de diferir ese pago en parcialidades, la incertidumbre regulatoria ya genera señales de alerta en un sector que representa aproximadamente el 18% del PIB manufacturero nacional y emplea a más de 2.8 millones de personas, según datos del INEGI.
El nudo central del debate es la tensión entre proporcionalidad fiscal y viabilidad operativa. La postura judicial busca equilibrar las obligaciones tributarias de los contribuyentes con la capacidad del sistema hacendario para instrumentar un cobro que sea, en términos constitucionales, justo y equitativo. Para los estrategas corporativos, este escenario no es menor: las maquiladoras operan bajo esquemas de margen ajustado y alta rotación de insumos importados, por lo que una carga fiscal doble —incluso diferida— puede alterar estructuras de costo, decisiones de inversión y la competitividad frente a otros destinos de manufactura como Vietnam, India o el propio interior de Estados Unidos, en un contexto donde el nearshoring sigue siendo una apuesta estratégica para México.
Más allá del fallo específico, el episodio revela una tensión estructural en el marco regulatorio mexicano: la necesidad de modernizar las reglas fiscales aplicables a modelos de negocio transfronterizos sin comprometer los incentivos que han posicionado a México como hub manufacturero. Según el Banco Mundial, la certeza jurídica en materia fiscal es uno de los tres factores determinantes para las decisiones de relocalización industrial. Mientras la Corte delibera, los directivos del sector tienen ante sí una ventana para revisar sus estructuras de cumplimiento, modelar escenarios de impacto financiero y, en su caso, fortalecer su posición ante instancias de representación gremial. La resolución que finalmente emita el máximo tribunal marcará un precedente con implicaciones que trascenderán el ciclo fiscal inmediato.
