Gasto corriente domina presupuestos locales y frena inversión pública urbana
Siete de cada diez pesos del presupuesto de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se destinan a gasto corriente: 47.5% a nómina y 22.9% a servicios generales. Solo el 13.9% se canaliza hacia inversión pública, según un diagnóstico territorial integrado al Plan General de Desarrollo (PGD) con base en cifras del INEGI. Esta estructura presupuestal revela una tensión estructural que limita la capacidad de las administraciones locales para ejecutar obra, modernizar infraestructura y responder a las demandas de una metrópoli en expansión.
A esta presión financiera se suma una parálisis normativa de largo aliento. Los instrumentos de planeación vigentes en las 16 alcaldías acumulan entre 15 y 27 años de antigüedad: una opera con un marco regulatorio de 1997, cuatro con regulaciones de 2005, seis con las de 2008 y cinco con instrumentos emitidos entre 2010 y 2011. Esta obsolescencia normativa impide que los gobiernos locales respondan con agilidad a fenómenos como la densificación acelerada, la movilidad multimodal o la gestión del riesgo climático, tendencias que el Foro Económico Mundial identifica como determinantes para la resiliencia urbana en la próxima década.
En materia de seguridad, la percepción de riesgo en espacios públicos —calles, parques y transporte— oscila entre 16.4% y 44.1% según la demarcación, con Álvaro Obregón y Xochimilco en los niveles más altos. El diagnóstico subraya que la existencia de espacios públicos no reduce por sí sola la percepción de peligro si estos carecen de iluminación, vigilancia, mantenimiento y apropiación social. Ante este escenario, el PGD propone avanzar hacia un modelo de cogobernanza territorial que incluya el fortalecimiento del Cabildo de la Ciudad, un Programa Rector de Profesionalización del servicio público local, un nuevo esquema de financiamiento descentralizado y la obligación de que cada alcaldía cuente con un área institucional dedicada a la planeación. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) emitirá dictámenes vinculantes para armonizar los programas de ordenamiento territorial con los planes de desarrollo de la capital, buscando cerrar la brecha entre la planeación estratégica y la gestión cotidiana del territorio.
