Dependencia energética de combustibles importados: el riesgo que ningún país puede ignorar

Importar casi la totalidad del combustible líquido que mueve una economía no es solo una decisión de política energética: es una apuesta de alto riesgo en un mundo donde las cadenas de suministro se fracturan con creciente frecuencia. Australia, que depende del exterior para el 97% de su combustible líquido, enfrenta hoy un debate que resuena más allá de sus fronteras. Un informe del Instituto Grattan —uno de los think tanks de política pública más influyentes del país— advierte que esta vulnerabilidad estructural expone a la nación a shocks inflacionarios severos cada vez que se registran tensiones geopolíticas en regiones productoras clave, como el reciente episodio con Irán, que ya ha costado miles de millones a la economía australiana.

El análisis propone un reordenamiento de incentivos fiscales como palanca de transformación. Entre las medidas centrales destaca la reducción de los créditos fiscales al diésel —un programa que reembolsa impuestos sobre combustible utilizado en maquinaria pesada y que hoy beneficia desproporcionadamente a grandes corporaciones mineras— limitándolos a 35 millones de dólares por grupo corporativo al año. Según el Instituto Grattan, esta sola medida podría generar ahorros gubernamentales de hasta 3,000 millones de dólares anuales, recursos que podrían redirigirse hacia la electrificación del transporte de carga pesada. La meta es ambiciosa: 650,000 camiones eléctricos operando para 2050, lo que reduciría el consumo de diésel en 5,000 millones de litros anuales. El sector minero, sin embargo, rechaza estas recomendaciones argumentando que incrementar los costos operativos en regiones remotas no resuelve el problema de fondo: la insuficiente capacidad de refinación doméstica.

Para los estrategas corporativos y tomadores de decisiones en México y América Latina, este debate ofrece señales tempranas de una tendencia que se acelerará en la próxima década. Según el Foro Económico Mundial, la seguridad energética se ha consolidado como uno de los tres principales riesgos sistémicos globales para el periodo 2025-2030, junto con el cambio climático y la inestabilidad geopolítica. La pregunta relevante para la región no es si ocurrirá una transición en los modelos de abastecimiento energético, sino qué tan preparadas están las cadenas productivas —minería, agroindustria, logística— para operar en un entorno donde los subsidios al combustible fósil se vuelven fiscal y políticamente insostenibles. Las organizaciones que anticipen este reordenamiento de incentivos y comiencen a diversificar su matriz energética hoy tendrán una ventaja competitiva estructural en los mercados de la próxima década.