Pago de deudas tributarias con tarjeta: cuándo se considera efectivo el cargo

Contribuyentes y empresas que saldan deudas con organismos de seguridad social mediante tarjeta bancaria enfrentaban hasta ahora un riesgo silencioso: el pago no se reconocía como efectivo en el momento de la transacción, sino hasta que los fondos se reflejaban en las cuentas restringidas de la Tesorería. Este desfase temporal —que podía extenderse varios días hábiles— generaba recargos automáticos cuando el pago se realizaba en la fecha límite del plazo reglamentario. Una resolución judicial reciente ha declarado nula esa condición temporal, estableciendo que el pago se considera realizado en el instante de la transacción.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 fundamentó su fallo en el artículo 25.5 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, norma que la cláusula cuestionada —vigente desde 2014— contradecía de forma directa. La disposición anulada regulaba el uso de tarjetas de débito y crédito para el pago de deudas en vía voluntaria fuera de plazo, deudas en vía ejecutiva y deudas reclamadas; quedaban excluidas las cuotas abonadas dentro del período ordinario, que debían domiciliarse. Con la nulidad declarada, el criterio temporal que penalizaba al pagador desaparece, aunque la sentencia aclara que no extingue la deuda existente ni los recargos e intereses acumulados con anterioridad al pago.

Para directivos financieros y responsables de tesorería corporativa, el cambio tiene implicaciones operativas concretas. La nueva interpretación aplica exclusivamente a pagos realizados a través de entidades colaboradoras autorizadas para la gestión recaudadora, las cuales deben emitir un justificante de la operación; sin ese comprobante, el beneficio de la nulidad no opera. Desde una perspectiva de cumplimiento normativo, este fallo subraya la importancia de documentar cada transacción con organismos públicos y de revisar periódicamente las condiciones contractuales vinculadas a mecanismos de pago. La vigencia de doce años de una cláusula contraria al reglamento que regulaba la propia materia evidencia que las normativas administrativas requieren auditorías de consistencia interna con mayor frecuencia de la habitual.