Demolición del Algarrobico: anulación de licencia abre un nuevo capítulo en urbanismo costero

La revocación de la autorización de construcción del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata reactiva el debate sobre la regulación del suelo protegido en España

Tras más de dos décadas de litigios, el Ayuntamiento de Carboneras anuló la licencia de obra otorgada en 2003 para la construcción del hotel del Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería. La decisión responde a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había fijado un plazo de 20 días al Consistorio para revocar dicha autorización. El caso se ha convertido en referente nacional del debate sobre especulación urbanística en zonas de protección ambiental.

La anulación de la licencia es condición necesaria, aunque no suficiente, para proceder con la demolición del edificio. El propio TSJA había establecido en 2021 que la demolición no podía ejecutarse mientras la licencia permaneciera vigente. Sin embargo, el proceso legal está lejos de concluir: la promotora Azata del Sol dispone de dos meses para impugnar la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Almería, con posibilidad de elevar el recurso al TSJA. Según el abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, este nuevo ciclo judicial podría extenderse aproximadamente cinco años más, lo que postergaría cualquier acción física sobre el inmueble.

La votación en el pleno municipal evidenció fracturas políticas significativas: siete concejales respaldaron la anulación, mientras que cuatro ediles —incluyendo dos del PSOE, un concejal no adscrito y una tránsfuga del PP— optaron por ausentarse. El portavoz socialista José Luis Amérigo argumentó que la convocatoria careció de los informes técnicos y jurídicos necesarios para evaluar las implicaciones económicas y urbanísticas de la medida, calificando el procedimiento de irregular. Para los estrategas de política pública y los inversores en desarrollo inmobiliario costero, el caso del Algarrobico ilustra cómo la tensión entre licencias municipales, protección ambiental y revisión judicial puede generar décadas de incertidumbre jurídica y bloquear decisiones de largo plazo sobre el territorio.