Conflicto ambiental en Colima: comunidades pesqueras se oponen a expansión portuaria

Más de un año de resistencia contra proyecto que amenaza laguna costera y economía local

Comunidades pesqueras, productoras de sal, científicos y defensores del medio ambiente en Colima han mantenido durante más de un año una oposición activa contra la ampliación del puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán. El proyecto contempla la incorporación de mil 880 hectáreas al área portuaria, con una inversión…

Comunidades pesqueras, productoras de sal, científicos y defensores del medio ambiente en Colima han mantenido durante más de un año una oposición activa contra la ampliación del puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán. El proyecto contempla la incorporación de mil 880 hectáreas al área portuaria, con una inversión superior a los 13 mil 539 millones de pesos, y representa un punto de quiebre entre el desarrollo portuario y la preservación de ecosistemas costeros críticos para la región.

Los riesgos identificados por los actores locales incluyen la destrucción de manglares y la entrada de agua marina al vaso lacustre, consecuencias que afectarían directamente la producción de sal y la actividad pesquera artesanal e industrial. Recientemente, el movimiento Salvemos la Laguna organizó una manifestación frente a las oficinas del gobierno estatal para visibilizar estas preocupaciones. Las comunidades han denunciado que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) intenta avanzar el proceso de manera irregular, buscando obtener la manifestación de impacto ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin garantizar un debido proceso que proteja tanto el entorno como las actividades económicas locales.

Este conflicto refleja una tensión estructural en México: la necesidad de modernizar infraestructura portuaria frente a la obligación de proteger ecosistemas costeros y medios de vida de comunidades dependientes de recursos naturales. Las demandas de diálogo constructivo planteadas por los afectados señalan la ausencia de mecanismos de consulta previa efectivos en proyectos de gran escala. La capacidad de los gobiernos para integrar estas voces en fases tempranas de diseño de proyectos será determinante para evitar conflictividad prolongada y garantizar legitimidad en decisiones de desarrollo regional.