Disparidad en el apoyo estatal al agro dentro del Mercosur: un análisis comparativo
Dentro del bloque del Mercosur existe una brecha profunda en la forma en que cada Estado interactúa económicamente con su sector agropecuario. Un análisis basado en la metodología de la OCDE, aplicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina, revela que Argentina es el único país miembro que, en términos netos, retira recursos del campo en lugar de canalizarlos hacia su desarrollo. Mientras Brasil destina el equivalente al 9% del valor de su producción agropecuaria al sector, Uruguay promedia un 6% y Paraguay un 3%, Argentina registra un alarmante -15%, evidenciando que sus políticas públicas han desviado sistemáticamente recursos agrícolas hacia otros sectores de la economía.
Esta evaluación considera cuatro canales de apoyo: los precios internos versus los internacionales, los pagos directos del presupuesto, los servicios generales —investigación, sanidad e infraestructura rural— y las transferencias a consumidores. El canal de precios es el más revelador para el caso argentino: no implica una salida directa de dinero, sino la brecha que se genera cuando las políticas separan los precios domésticos de los internacionales. Entre 2016 y 2024, este efecto promedió USD -9,100 millones anuales en Argentina, frente a apenas USD 256 millones en apoyos directos y USD 395 millones en servicios generales. En el período acumulado de 1997 a 2024, las distorsiones en precios sumaron USD 207,500 millones, lo que arroja una proporción crítica: por cada dólar que llega al sector vía apoyos directos y servicios, se detraen aproximadamente 13 dólares.
Históricamente, a finales de los años noventa, Argentina y Brasil presentaban cifras comparables en materia de apoyo al agro. La divergencia se acentuó a partir de 2002, con la reintroducción de derechos de exportación y otras medidas que generaron, entre ese año y 2015, una transferencia neta desde el sector agropecuario equivalente al 23.7% del valor de la producción. Aunque las políticas de apertura implementadas desde 2016 moderaron parcialmente esa detracción, el contexto cambiario y la persistencia de retenciones han profundizado las distorsiones en años recientes. Para los estrategas corporativos e inversores con exposición al agro regional, este diagnóstico subraya la urgencia de evaluar el riesgo-país desde una perspectiva de política sectorial: la competitividad agrícola del Mercosur no es homogénea, y las decisiones de asignación de capital deben incorporar estas asimetrías estructurales como variable central.
