Auditoría estatal expone esquema de contrataciones irregulares en ministerio fiscal por S/ 21 millones
Contraloría identifica direccionamiento de procesos de selección y aprobaciones sin verificación en organismo clave de política económica
Auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha documentado un esquema sistemático de contrataciones irregulares en el Ministerio de Economía y Finanzas durante 2025, con un perjuicio económico que supera los 21 millones de soles. El informe de auditoría N° 034-2026-2-0001-AC identifica presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios…

Auditoría realizada por la Contraloría General de la República ha documentado un esquema sistemático de contrataciones irregulares en el Ministerio de Economía y Finanzas durante 2025, con un perjuicio económico que supera los 21 millones de soles. El informe de auditoría N° 034-2026-2-0001-AC identifica presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios y presunta responsabilidad penal en nueve, recomendando acciones legales y disciplinarias contra altos cargos del ministerio.
Según el documento de control, los contratos bajo el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) fueron direccionados mediante ajuste de términos de referencia que coincidían de manera exclusiva con perfiles predeterminados, sin responder a necesidades institucionales reales ni a estándares técnicos del sector público. La auditoría documenta reuniones y comunicaciones previas entre funcionarios clave y contratistas antes de la formalización de acuerdos, evidenciando coordinación previa a los procesos formales de selección. Los requisitos académicos y de experiencia establecidos en las convocatorias fueron diseñados para favorecer candidatos específicos, vulnerando principios de competencia abierta y mérito.
Otro hallazgo crítico del informe refiere a la aprobación de cinco informes de conformidad de servicios sin verificación de la ejecución real de trabajos. Estos documentos fueron genéricos, repetitivos y frecuentemente desconectados de los términos pactados, evidenciando ausencia de seguimiento técnico objetivo y documentación que comprobara la prestación efectiva de servicios. La Contraloría señala que este patrón se prolongó durante años, con renovaciones sucesivas de contratos que superpusieron funciones entre personal contratado y empleados de planta, generando redundancias operativas y desvío de recursos públicos.
El expediente ha sido derivado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para acciones legales y al propio ministerio para procedimientos disciplinarios internos. Este caso refleja vulnerabilidades estructurales en mecanismos de control interno y supervisión de contrataciones en organismos responsables de política fiscal, subrayando la necesidad de fortalecer sistemas de verificación objetiva y trazabilidad en procesos de selección de personal en la administración pública.
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