Envíos de cucarachas vivas, máscaras ensangrentadas, vigilancia física en domicilios y suscripciones no autorizadas a contenido pornográfico conformaron una campaña de acoso sistemático contra dos periodistas que criticaban públicamente a una plataforma de comercio electrónico. El caso, que se remonta a 2019, involucró a al menos diez empleados de la empresa, incluidos miembros de su equipo de seguridad y ejecutivos de alto nivel.
David e Ina Steiner, fundadores de EcommerceBytes, un medio especializado en análisis de comercio electrónico, comenzaron a publicar contenido crítico sobre la plataforma después de que esta modificara sus políticas de manera que, según los periodistas, favorecía a grandes comercios en detrimento de vendedores independientes. La tensión escaló cuando se publicó un artículo cuestionando el uso de recursos corporativos para construir una réplica de una taberna neoyorquina mientras la empresa enfrentaba caídas en ganancias. Documentos internos revelados durante investigaciones posteriores mostraron comunicaciones de ejecutivos discutiendo cómo "aplastar" a los Steiner, utilizando lenguaje que evidenciaba una intención deliberada de represalia.
La respuesta judicial fue desigual. Siete empleados de seguridad enfrentaron penas de prisión y arresto domiciliario por su participación directa en la vigilancia e intimidación. Sin embargo, los directivos involucrados recibieron sanciones significativamente menores: el CEO en turno acordó pagar 2 millones de dólares, argumentando desconocimiento de la gravedad de los hechos. En 2024, después de años de litigio, la plataforma fue condenada a pagar aproximadamente 954 millones de pesos a los Steiner como compensación por daños.
Este caso ilustra un patrón preocupante en la era digital: el uso de recursos corporativos, tecnología y personal interno para intimidar a voces críticas. A diferencia de censura directa o demandas legales, el acoso coordinado opera en un espacio gris donde la responsabilidad corporativa se diluye entre empleados individuales. Sin embargo, la investigación demostró que la campaña no fue espontánea sino coordinada desde niveles gerenciales, lo que plantea interrogantes sobre gobernanza corporativa, supervisión de equipos de seguridad y mecanismos de protección para periodistas que cubren a grandes empresas tecnológicas. La magnitud de la sentencia sugiere que los tribunales reconocen el daño sistémico de tales prácticas y su impacto en la libertad de prensa.
