Padres de familia tienen derecho a elegir libremente dónde adquirir útiles, uniformes y materiales escolares, independientemente de lo que establezcan las instituciones educativas privadas. Las escuelas particulares carecen de facultad legal para obligar a los tutores a comprar estos artículos en proveedores específicos, ni pueden condicionar la inscripción o permanencia de un estudiante a la adquisición de productos en un establecimiento determinado.
Esta protección se extiende a la calidad de los materiales: no es obligatorio que los útiles sean nuevos. Las familias pueden reutilizar materiales en buen estado que cumplan con las características necesarias para las actividades escolares, lo que representa un ahorro significativo para los presupuestos familiares. Además, las listas de útiles solicitadas deben estar directamente vinculadas con actividades educativas. Las escuelas no pueden trasladar gastos de limpieza, mantenimiento o funcionamiento general del plantel a través de estas listas. Artículos como papel higiénico, jabón, toallas húmedas, escobas, detergentes, desinfectantes, resmas de papel para uso administrativo, pintura, focos, herramientas y productos para reparaciones no deben incluirse en estas solicitudes.
En materia de colegiaturas, las instituciones particulares no pueden incrementarlas de manera unilateral durante el ciclo escolar. Una vez firmado el contrato de prestación de servicios educativos, cualquier aumento requiere acuerdo de la mayoría de los padres o tutores. El contrato debe especificar claramente costos de inscripción, reinscripción, colegiaturas y las condiciones aplicables. Aunque las escuelas pueden suspender el servicio por adeudos conforme a lo establecido contractualmente, no pueden retener documentos de los estudiantes ni adoptar medidas discriminatorias o abusivas por falta de pago.
Antes de inscribir a un estudiante en una institución particular, es fundamental verificar que cuente con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), garantizando así que la educación sea de calidad y esté regulada conforme a estándares nacionales.
