Acreedores de Thames Water proponen reestructuración de liderazgo en medio de crisis.
El grupo de acreedores que busca un plan de rescate para Thames Water ha sido objeto de críticas tras proponer una reestructuración de la junta directiva de la empresa de servicios públicos, lo que ha sido comparado con 'reorganizar las sillas en el Titanic'. Esta iniciativa surge en un contexto donde la nacionalización temporal de la empresa es una posibilidad real, planteada por el gobierno.
Con el objetivo de evitar esta nacionalización, los prestamistas han sugerido nombrar a Liz Barber, ex directora ejecutiva de Yorkshire Water, y a Clive Selley, ex director ejecutivo de Openreach, como nuevos directores si obtienen el control formal de la compañía. Además, London & Valley Water (L&VW), un consorcio que agrupa a 100 inversores institucionales con una deuda total de £21 mil millones, ha alineado a Dame Bernadette Kelly, ex secretaria permanente del Departamento de Transporte, para fortalecer su propuesta.
Mike McTighe, el solucionador corporativo encargado de la reestructuración, asumiría la presidencia en lugar de Sir Adrian Montague, si el acuerdo de rescate de £10 mil millones es aprobado por el gobierno. McTighe, actual presidente de Openreach, ha expresado que el desafío que enfrenta Thames Water es considerable y que, de aceptarse este plan de recapitalización, se comprometerán a transformar el negocio y priorizar a los clientes y comunidades locales.
Los nombramientos propuestos tienen como objetivo tranquilizar al gobierno sobre la viabilidad de un acuerdo comercial, en medio de un análisis por parte del equipo del gobierno sobre la posibilidad de devolver la empresa a la propiedad pública. Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por grupos de defensa de la propiedad pública, quienes argumentan que el acuerdo no refleja los intereses de los millones de usuarios que dependen de Thames Water.
El gobierno ha señalado la necesidad de un 'mayor control público' sobre Thames Water, y se ha discutido la opción de la nacionalización a través de un régimen de administración especial (SAR), lo que implicaría una forma de nacionalización temporal. Recientemente, el primer ministro expresó su descontento ante el aumento de tarifas por parte de empresas como Thames Water, subrayando que no se debe permitir que estas compañías traten a los usuarios como un 'cheque en blanco'.
La propuesta de SAR podría transferir los costos operativos de Thames Water al contribuyente, con estimaciones que sugieren que la factura podría ascender a £2 mil millones. L&VW, que incluye a importantes gestores de fondos, ha tomado medidas para fortalecer su posición legal en caso de que se proceda con la nacionalización.
El consorcio ha contratado a destacados abogados para trabajar en los términos de sus propuestas de reestructuración, mientras que los acreedores han intentado tomar control de la empresa tras un intento fallido de venta a un grupo de inversión estadounidense.
