Sistemas de fotomultas en grandes ciudades enfrentan creciente escrutinio sobre su efectividad real en seguridad vial versus su función como mecanismo de recaudación. En Bogotá, la expansión de cámaras de fotodetección ha generado cuestionamientos sobre si estos dispositivos cumplen su propósito original de reducir accidentalidad o se han convertido en fuentes de ingresos para administraciones locales.
Los números revelan magnitudes significativas: la capital colombiana ha recaudado más de 552,000 millones de pesos entre 2024 y abril de 2026 mediante fotomultas automáticas. Esta cifra plantea interrogantes estructurales sobre los incentivos detrás de la expansión de estos sistemas. Cuando los gobiernos locales dependen de multas de tránsito para financiar operaciones, emergen conflictos de interés entre la seguridad vial genuina y la maximización de ingresos. Estudios internacionales sobre sistemas similares en ciudades europeas y estadounidenses han documentado este fenómeno: jurisdicciones que implementan fotomultas tienden a aumentar su colocación en zonas de alto flujo vehicular, no necesariamente en puntos de mayor accidentalidad.
Autoridades nacionales han reconocido la necesidad de revisar la implementación de nuevos puntos de control. Según reportes oficiales, se prevé la instalación de 18 nuevos dispositivos en corredores viales como avenida Las Américas, NQS y avenida El Dorado, ubicados en zonas de alta accidentalidad. Sin embargo, la validación de cada infracción por agentes de tránsito antes de emitir comparendos sugiere que existe margen para revisión de criterios. El debate no es exclusivo de Bogotá: ciudades como Medellín, Cali y otras urbes latinoamericanas enfrentan tensiones similares entre modernización de control vial y percepción ciudadana de recaudación excesiva.
Más allá del caso específico, emerge una pregunta estratégica para gobiernos locales: ¿cómo diseñar sistemas de detección automática que genuinamente reduzcan infracciones sin crear dependencia fiscal de multas? Ciudades como Copenhague y Ámsterdam han experimentado con modelos donde los ingresos de fotomultas se destinan completamente a infraestructura de movilidad segura, desvinculando presupuestos operativos de la recaudación. Este enfoque podría reorientar incentivos hacia resultados de seguridad medibles, no hacia volumen de infracciones detectadas.
