Construcción de viviendas sociales alcanzó su mejor ritmo en 14 años durante el primer trimestre, con 5,215 unidades completadas y 4,048 nuevas iniciadas, reflejando un crecimiento del 24% interanual. Estas cifras representan un cambio de ritmo en la política habitacional española, respaldado por presupuestos récord: 2025 cerró como el tercer año con mayor inversión pública en vivienda protegida, y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 asigna 7,000 millones de euros, con al menos el 40% destinado a construcción de vivienda asequible de carácter permanente.
Sin embargo, esta aceleración llega cuando la crisis de precios ya ha alcanzado dimensiones estructurales. En julio, la vivienda usada se cotizaba a 2,933 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 13.1% y un nuevo máximo histórico. Los analistas advierten que estas "subidas significativas" están consumiendo los aumentos salariales de las familias, mientras la brecha entre ingresos y acceso a vivienda se amplía. El problema no es solo de oferta insuficiente: en los últimos cinco años, 228,405 viviendas que habían sido construidas bajo régimen de protección oficial salieron del parque protegido hacia el mercado libre, representando casi el 8% de todas las transmisiones inmobiliarias registradas.
España mantiene un rezago comparativo significativo en vivienda de alquiler asequible. El parque de alquiler social representa apenas el 3.5% del total de viviendas destinadas al arrendamiento, muy por debajo del 9% de media en la Unión Europea y distante de países como Austria, Francia y las naciones nórdicas, donde ronda el 20%. Esta brecha refleja décadas de priorización del modelo de propiedad sobre el alquiler regulado, una decisión que ahora limita la flexibilidad del mercado y la accesibilidad para segmentos de población con ingresos bajos o moderados. La política de aceleración actual busca revertir esta inercia, pero enfrenta el desafío de construir stock nuevo mientras contiene la salida de viviendas existentes del régimen protegido.
