Compras públicas de medicamentos, material de curación y textiles para el sistema de salud en 2027-2028 mantienen esquema de licitación internacional abierta, generando fricción entre objetivos fiscales del Gobierno y capacidades de la industria nacional. La decisión de la Secretaría de Hacienda de preservar esta modalidad de contratación permite participación de proveedores de países sin tratados comerciales con México, lo que intensifica la competencia en precios pero plantea interrogantes sobre sostenibilidad del tejido productivo doméstico.
Representantes de cámaras empresariales —incluyendo textil, farmacéutica e industrial— habían solicitado revisiones al esquema tras múltiples diálogos con autoridades, pero las expectativas de cambio no se concretaron. La modalidad abierta habilita competencia de proveedores de naciones como Pakistán y Bangladesh, alterando dinámicas competitivas históricas. Aunque la proveeduría mexicana declara capacidad para satisfacer hasta 98% de las necesidades del proceso, la lógica de adquisición responde a criterios de minimización de costos. Esta compra consolidada contempla inversión aproximada de 19 mil millones de pesos en medicamentos, auxiliares de diagnóstico, pruebas reactivas y textiles.
Impacto potencial alcanzaría más de 9 mil unidades de negocio y 1.8 millones de empleos, particularmente en textiles. Sectores como farmacéutico enfrentan además adeudo gubernamental de 12 mil millones de pesos acumulado desde 2021, con 70% proveniente de compras de IMSS-Bienestar. Preocupaciones sobre calidad se centran en cumplimiento de estándares sanitarios y certificaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que insumos que no satisfagan estos requisitos podrían comprometer seguridad de pacientes y personal de salud. Tensión refleja dilema estructural en política de compras públicas: optimización de presupuesto versus mantenimiento de cadenas de suministro resilientes y empleo local.
