Un residente de Buenos Aires perdió más de 140 mil dólares de su cuenta bancaria sin enterarse durante casi un año. Cuando intentó retirar fondos en octubre de 2019, descubrió que su saldo era cero. El dinero —depositado tras la venta de un inmueble— había desaparecido a través de extracciones y transferencias que el titular nunca reconoció. El caso derivó en una demanda por daños y perjuicios que llegó hasta la Cámara Comercial, con implicaciones relevantes para el debate sobre seguridad bancaria y responsabilidad compartida en operaciones fraudulentas.

El tribunal condenó solidariamente al banco y a la empresa administradora de la red de pagos electrónicos al reembolso de 142.300 dólares por daño material y 500.000 pesos por daño moral. El fallo destacó la ausencia de sistemas de monitoreo transaccional capaces de detectar movimientos anómalos, cambios bruscos en el comportamiento operativo del cliente o modificaciones en datos personales y canales de contacto, todas señales asociadas a patrones de fraude bancario. La pericia informática fue determinante: ninguna de las dos entidades contaba con mecanismos de alerta temprana adecuados, y ambas mostraron falta de colaboración para aportar pruebas clave, como grabaciones de operaciones en cajeros automáticos. Sin embargo, el tribunal también distribuyó parte de la responsabilidad hacia el propio cliente: el demandante, de 64 años y usuario del banco desde 2018, no utilizaba banca en línea ni cajeros automáticos, realizaba todas sus operaciones en sucursal y no revisó sus movimientos durante más de doce meses, lo que dificultó la detección oportuna de las irregularidades.

Este caso pone en evidencia una tensión estructural que enfrentan los sistemas financieros en toda la región: la brecha entre las obligaciones de seguridad de las instituciones y el nivel de involucramiento que se espera de los usuarios. Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), los fraudes en canales digitales y físicos han aumentado de forma sostenida en economías emergentes, en parte porque los sistemas de monitoreo transaccional siguen siendo heterogéneos entre entidades. Para los estrategas del sector financiero, el fallo refuerza la necesidad de implementar controles proactivos —no reactivos— que no dependan del reclamo del usuario para activarse. Ambas entidades han presentado apelaciones, por lo que la resolución final podría sentar un precedente relevante sobre el estándar mínimo de diligencia exigible a bancos y operadores de redes de pago en Argentina.