Veinte consejeros no ejecutivos de dos entidades bancarias españolas fueron exonerados en el juicio relacionado con la operación Grand Coral, un caso que involucra financiamiento de proyectos inmobiliarios en México entre 2005 y 2009. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado retiraron todos los cargos en su contra tras confirmarse que estos directivos desconocían los detalles específicos de las operaciones cuestionadas, cuyo perjuicio económico estimado asciende a 750 millones de euros.
El argumento central que determinó la exoneración resulta revelador para cualquier estratega de gobierno corporativo: los consejeros no ejecutivos únicamente accedían a la información que el comité de Riesgos les presentaba, sin visibilidad directa sobre las particularidades de los préstamos y operaciones inmobiliarias. Entre los proyectos bajo escrutinio se encuentran el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, que generaron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de dólares, con fondos transferidos posteriormente a cuentas en Andorra, lo que abre líneas de investigación por posible blanqueo de capitales. Varios de los acusados principales, entre ellos el ex consejero delegado de la entidad y el ex director general de la institución matriz, admitieron los hechos durante el proceso.
Para los tomadores de decisiones en México y América Latina, este caso plantea preguntas estructurales que van más allá del veredicto judicial. Según el Foro Económico Mundial, la debilidad en los mecanismos de supervisión interna sigue siendo uno de los principales factores de riesgo sistémico en el sector financiero de mercados emergentes. McKinsey & Company ha documentado que los consejos de administración con acceso limitado a información operativa tienen hasta tres veces más probabilidades de no detectar irregularidades en etapas tempranas. El caso Grand Coral ilustra con precisión ese punto ciego: la separación entre la información disponible para los órganos de supervisión y la realidad operativa de las instituciones que gobiernan. Fortalecer esa brecha informativa no es solo una exigencia regulatoria; es una condición de competitividad y confianza para el sector bancario regional en la próxima década.
