Veinte consejeros no ejecutivos de dos entidades bancarias españolas fueron exonerados en un juicio vinculado a operaciones inmobiliarias realizadas en México entre 2005 y 2009. La decisión, adoptada tras la retirada de cargos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, pone sobre la mesa una pregunta estructural que trasciende el caso: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes supervisan sin operar? El caso gira en torno a operaciones de capitalización y financiamiento que, según la Fiscalía, generaron un perjuicio económico estimado en 750 millones de euros. En el centro de la controversia se encuentran el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, operaciones que produjeron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de dólares y cuyos fondos fueron transferidos a cuentas en Andorra, lo que abrió una línea de investigación por posible blanqueo de capitales. Varios de los acusados principales admitieron los hechos durante el juicio y confirmaron que los consejeros no ejecutivos no tenían conocimiento de los detalles específicos de las operaciones, ya que su acceso a la información estaba limitado a lo que el comité de Riesgos les presentaba formalmente. Este desenlace tiene implicaciones directas para el gobierno corporativo en América Latina. La distinción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos —y los flujos de información que los separan— es hoy uno de los puntos de mayor escrutinio regulatorio en el sector financiero regional. Organismos como el Comité de Basilea y la OCDE han señalado reiteradamente que la opacidad informativa al interior de los consejos de administración es un factor de riesgo sistémico. Para los directivos y tomadores de decisiones en México, donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha reforzado sus marcos de supervisión en años recientes, el caso ilustra que la responsabilidad fiduciaria no puede descansar únicamente en la buena fe: requiere arquitecturas de información robustas, protocolos de reporte claros y mecanismos que garanticen que quienes supervisan tengan acceso real y oportuno a los datos que necesitan para ejercer su función.