Mientras los accidentes laborales disminuyen año tras año, los juicios por esa causa escalan a ritmo récord en Argentina. En agosto de 2026 se registraron casi 15,000 nuevas demandas por accidentes de trabajo —un crecimiento interanual del 11.3%—, y la proyección para el cierre del año supera las 138,000 causas acumuladas. El dato, revelado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, no es una anomalía puntual: en los primeros ocho meses del año ya se habían sumado más de 87,500 nuevas demandas, con un promedio mensual superior a 11,400 juicios en los últimos doce meses.
Esta escalada judicial no guarda correlación con la cantidad de trabajadores cubiertos ni con los índices de siniestralidad, que continúan a la baja. Lo que sí explica la tendencia es la brecha persistente entre las resoluciones administrativas —las Comisiones Médicas que determinan si hubo incapacidad— y lo que ocurre en sede judicial. Incluso en casos donde la comisión médica certifica recuperación total sin secuelas, las demandas prosperan. Esa asimetría genera un incentivo estructural para judicializar, independientemente del mérito médico del caso. La concentración geográfica del fenómeno refuerza la lectura sistémica: la provincia de Buenos Aires superó por primera vez los 6,000 juicios mensuales con un alza interanual del 16%; Santa Fe alcanzó un récord histórico de 2,731 causas en agosto con un incremento del 24.8%; Entre Ríos lideró el crecimiento acumulado con un 38%; y Córdoba reportó aumentos superiores al 100% respecto al mes anterior.
Para los estrategas corporativos y los responsables de gestión de riesgos, el fenómeno plantea un problema de sostenibilidad que va más allá del costo directo de los litigios. La ausencia de Cuerpos Médicos Forenses oficiales en la mayoría de las provincias —cuya creación ha sido reclamada de manera reiterada por el sector asegurador— deja sin contrapeso técnico las pericias privadas, amplificando la variabilidad de los fallos y el atractivo económico de demandar. La reciente transferencia de la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires abre una ventana para establecer criterios periciales uniformes, pero su implementación efectiva determinará si se trata de una corrección real o de un cambio formal sin impacto en la curva de litigiosidad. Mientras esa brecha estructural no se cierre, el volumen de juicios seguirá creciendo con independencia de lo que ocurra en los lugares de trabajo.
