Señales de deterioro acumulado en el tejido industrial argentino se intensifican en un contexto donde la producción cae, el empleo se resiente y los costos operativos superan la capacidad de absorción de las pequeñas y medianas empresas. Frente a este escenario, la principal organización que agrupa a los industriales del país presentó al Gobierno un paquete de propuestas orientadas a reducir la presión fiscal, aliviar el costo energético y mejorar el acceso al financiamiento productivo. La iniciativa surge tras una reunión de la junta directiva del sector, donde se advirtió sobre la falta de recuperación de la actividad y el avance del desempleo en zonas de alta concentración fabril.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la industria registró una caída del 5% en julio respecto al mes anterior y un retroceso del 4,9% frente al mismo período del año previo. De los 16 rubros que componen el Índice de Producción Industrial (IPI), 12 mostraron descensos. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,2%, lo que implica que más del 40% de la infraestructura productiva permanece inactiva, una señal que los analistas consideran crítica para evaluar la salud estructural del sector. Entre las medidas fiscales propuestas figuran la suspensión de embargos por 180 días, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y una mayor agilidad en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales. La presión tributaria total sobre la industria se estima en torno al 56%, una de las más elevadas en el contexto internacional, lo que compromete la competitividad de bienes transables frente a productos importados provenientes de economías con cargas fiscales significativamente menores.
En materia energética, los usuarios clasificados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) reportaron incrementos de entre 90% y 100% en el costo básico de sus facturas eléctricas, generando un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes. Algunas provincias, como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, ya exploran esquemas de financiamiento para los cargos del Mercado Eléctrico Mayorista, un modelo que podría replicarse a nivel nacional. En el frente financiero, la presión tributaria sobre la intermediación crediticia —que incluye IVA federal, Ingresos Brutos provinciales, Sellos y tasas municipales— eleva en más de 18 puntos porcentuales el costo efectivo del crédito productivo, llevando una Tasa Nominal Anual de referencia del 35% a niveles que resultan prohibitivos para empresas con flujos de caja deteriorados. En un entorno donde la morosidad pyme va en aumento, la eliminación de impuestos en operaciones de refinanciación de pasivos aparece como una medida con alto potencial de impacto a corto plazo.
