Detectar un fraude sistemático en el circuito de pagos de una institución pública requiere, paradójicamente, que alguien dentro del sistema decida mirar donde nadie miraba. Eso es lo que ocurrió en una fuerza armada argentina cuando, durante la revisión de haberes de enero de 2026, auditores internos encontraron suplementos cobrados sin autorización por cinco agentes del área de liquidaciones. Lo que parecía un error puntual derivó en una auditoría de casi cuatro años de registros y en la identificación de 645 acreditaciones indebidas por un monto total de $981,148,567.88, con proyecciones que podrían superar los $1,500 millones.

Según la denuncia presentada ante el Juzgado Federal N° 2, la maniobra operaba en un tramo específico y poco vigilado del circuito de pagos: el intervalo entre la liquidación oficial de haberes y la transmisión final de archivos al Banco de la Nación Argentina. En ese margen, ciertos registros eran modificados para incrementar importes o incluir pagos sin respaldo legítimo. Una vez generados los archivos bancarios, los datos eran revertidos a sus valores originales, lo que impedía que las diferencias aparecieran en los recibos publicados en el sistema Haberes-Web. La brecha entre lo que el sistema interno mostraba y lo que efectivamente se acreditaba en cuentas bancarias fue el núcleo del esquema. Para los investigadores, la recurrencia de beneficiarios, la repetición de montos y la precisión técnica de las modificaciones descartan la hipótesis de errores de procesamiento.

Este caso ilustra una vulnerabilidad estructural que no es exclusiva del sector público ni de las fuerzas armadas: los puntos ciegos entre sistemas de registro y sistemas de ejecución de pagos. En organizaciones con grandes plantillas, múltiples plataformas tecnológicas y controles diseñados para auditar outputs —no las transformaciones intermedias de datos—, el riesgo de manipulación en capas intermedias del proceso es significativo. Según reportes del Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el fraude en nóminas representa una de las categorías más costosas y de mayor duración antes de ser detectado, con una mediana de 24 meses entre el inicio del esquema y su descubrimiento. En este caso, el período investigado abarca julio de 2022 a enero de 2026, más de tres años. Para directivos y responsables de auditoría interna, el episodio refuerza la necesidad de implementar controles de integridad de datos en cada punto de transferencia entre sistemas, no solo en los extremos del proceso, y de establecer comparaciones automatizadas y periódicas entre archivos de liquidación, recibos emitidos y movimientos bancarios reales.