Señales de alarma se acumulan en el sector industrial argentino: la producción cayó 5% en julio respecto al mes anterior y 4.9% frente al mismo período del año previo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De los 16 rubros que integran el Índice de Producción Industrial (IPI), 12 registraron descensos, y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 58.2%, lo que implica que más del 40% de la infraestructura productiva del país permanece ociosa. Solo la refinación de petróleo mostró un comportamiento positivo en ese período.
En este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al gobierno un paquete de propuestas orientadas a aliviar la triple presión que enfrentan las pequeñas y medianas empresas: fiscal, energética y financiera. En materia impositiva, las medidas incluyen la suspensión de embargos por 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago, el diferimiento de vencimientos del IVA en actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales. El trasfondo es contundente: la presión fiscal en Argentina alcanza el 56%, una de las más elevadas a escala global, lo que coloca a la industria local en desventaja frente a competidores internacionales que operan con cargas significativamente menores.
El costo energético suma otro frente crítico. Empresas clasificadas como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) reportaron incrementos de entre 90% y 100% en su costo básico de energía eléctrica respecto a meses anteriores. Ante esto, provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba han comenzado a implementar esquemas de financiamiento de cargos del Mercado Eléctrico Mayorista, una iniciativa que el sector industrial propone extender al nivel nacional mediante cuotas y prorrateo de vencimientos. En el plano financiero, la morosidad pyme va en ascenso, agravada por una carga tributaria sobre el crédito productivo —que incluye IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales— que eleva en más de 18 puntos porcentuales el costo efectivo del financiamiento, llevando una Tasa Nominal Anual de referencia del 35% a niveles que resultan inaccesibles para gran parte del tejido productivo. Para los estrategas que monitorean mercados emergentes, el caso argentino ilustra con precisión cómo la convergencia de desequilibrios fiscales, tarifarios y crediticios puede comprimir la base industrial de una economía en un plazo relativamente corto.
