Cierre de canal público de remesas México-EE.UU. abre debate sobre infraestructura de pagos transfronterizos
Después de más de veinte años de operación, el canal público de interconexión de pagos entre México y Estados Unidos llegará a su fin en noviembre de este año. El Banco de México confirmó el cierre coordinado del programa con la Reserva Federal, asegurando que todas las transacciones realizadas hasta esa fecha serán liquidadas conforme a los Principios para las Infraestructuras de Mercado Financiero del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). El proceso de salida, según el banco central, se ejecutará de manera ordenada y sin afectaciones a los usuarios activos.
Establecido en 2001 como parte de la Sociedad para la Prosperidad entre ambos países, el programa conectó los sistemas de pago de la Reserva Federal y el Banco de México, permitiendo desde 2004 que instituciones financieras estadounidenses enviaran pagos a cualquier cuenta bancaria en México. En 2003, el mecanismo se extendió para cubrir pagos de pensiones del gobierno de Estados Unidos a residentes mexicanos, y desde 2005 operó bajo su denominación formal. Durante dos décadas, funcionó como una infraestructura pública de bajo costo para transferencias transfronterizas, en un corredor que hoy representa uno de los flujos de remesas más grandes del mundo: según datos del Banco Mundial, México recibió más de 63,000 millones de dólares en remesas en 2023, el segundo receptor global.
Para los estrategas corporativos y tomadores de decisiones en el sector financiero, el cierre de este canal público no es un evento menor. Históricamente, la existencia de infraestructura estatal en corredores de remesas ha funcionado como ancla de precios y referencia regulatoria para los operadores privados. Su retiro podría acelerar la consolidación de plataformas fintech y redes de pago digital que ya compiten agresivamente en este segmento, al tiempo que replantea preguntas sobre la supervisión y el acceso equitativo para los segmentos de población no bancarizada. Según McKinsey, los costos de envío en corredores con menor presencia pública tienden a ser entre 1.5 y 2 puntos porcentuales más altos, un diferencial que, a escala, representa miles de millones de dólares anuales para las familias receptoras. El rediseño de la arquitectura de pagos transfronterizos entre México y Estados Unidos entra, así, en una nueva fase cuyas reglas aún están por definirse.
