Regulación del comercio informal en transporte público: entre la norma y la realidad

Más de un mes después de su entrada en vigor, el nuevo reglamento que regula los establecimientos comerciales en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México enfrenta un problema de cumplimiento que ilustra una tensión recurrente en la gestión de espacios públicos concesionados: la distancia entre la norma escrita y su aplicación efectiva en campo.

Recorridos por estaciones clave como Tacubaya, Hidalgo, Centro Médico, Pino Suárez y Balderas revelan que disposiciones centrales del reglamento —uso obligatorio de uniforme, prohibición de gritos para promocionar productos y confinamiento del mobiliario dentro de los límites del local— son ignoradas de forma sistemática. La normativa, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de agosto y vigente desde el 20 del mismo mes, sustituyó al reglamento anterior vigente desde julio de 2020 e incorporó lineamientos más precisos: identificación oficial visible, prohibición de bocinas o altavoces, venta exclusiva de mercancía de procedencia legal y restricciones sobre giros no autorizados, entre otros. El STC estableció un periodo de gracia de 60 días con amonestaciones verbales antes de aplicar multas de hasta 200 Unidades de Medida —equivalentes a más de 23,000 pesos—, un mecanismo que, según los registros en campo, no ha generado aún el efecto disuasivo esperado.

Para los estrategas de política pública y los operadores de infraestructura de movilidad, el caso ofrece una señal de alerta relevante: la regulación sin capacidad de verificación sostenida tiende a generar cumplimiento selectivo. Sin embargo, existen señales positivas. Algunos permisionarios ya adoptaron los chalecos de color por línea con logotipos institucionales, elaborados siguiendo el diseño oficial, lo que sugiere que cuando la norma es clara y los incentivos de identidad colectiva están presentes, la adopción voluntaria es posible. Usuarios como Miguel Gamboa, consultado durante los recorridos, respaldan las nuevas reglas y señalan beneficios concretos en términos de orden y orientación dentro de las estaciones. El reto para el STC en las próximas semanas será demostrar que el periodo de transición no derivó en una normalización del incumplimiento, sino en una base real para una fiscalización consistente.