Privatización de servicios de agua en Argentina: señales para el modelo de concesión en Latinoamérica
Privatizar la gestión del agua potable y el saneamiento en una megaciudad es una de las decisiones de política pública más complejas que puede enfrentar un gobierno. Argentina acaba de atravesar ese proceso: un consorcio empresarial local obtuvo la concesión por 30 años —prorrogable por una década adicional— para operar el servicio que abastece a aproximadamente 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. La oferta ganadora fue de USD 340,2 millones, correspondiente al 90% de las acciones de la empresa estatal. El consorcio adjudicatario asumirá operaciones entre enero y febrero de 2027.
El proceso reveló tensiones estructurales que son comunes en las privatizaciones de infraestructura crítica en mercados emergentes. La oferta ganadora se ubicó significativamente por debajo de la expectativa oficial de USD 500 millones, una brecha que los analistas atribuyen al volumen de inversión comprometida: el pliego de condiciones establece un desembolso mínimo de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, con proyecciones que podrían alcanzar USD 15.000 millones a lo largo de toda la concesión. Este esquema —donde el precio de entrada es bajo pero las obligaciones de capex son elevadas— es un modelo que el Banco Mundial y la OCDE han identificado como tendencia en concesiones de agua en economías en desarrollo, precisamente porque traslada el riesgo de inversión al operador privado sin comprometer la asequibilidad tarifaria desde el inicio. El diagnóstico que justifica la transición es contundente: entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional superiores a USD 13.400 millones, y aun así un tercio del área concesionada carece de acceso pleno a agua potable y saneamiento. Las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad escaló del 4% al 16% y los costos operativos crecieron 80% en términos reales.
Para estrategas e inversores con foco en infraestructura latinoamericana, este caso ofrece varias lecturas relevantes. Primero, la composición del consorcio ganador combina operadores locales con experiencia sectorial específica —uno de sus integrantes es proveedor histórico de insumos para potabilización— con un socio brasileño que opera bajo concesión en Río de Janeiro, y un fondo de capital con sede en los Países Bajos, lo que refleja la estructura híbrida que está dominando las licitaciones de infraestructura en la región. Segundo, el hecho de que el pliego ya defina el programa de inversiones y la propuesta tarifaria —sin dejar margen competitivo en esos parámetros— señala un modelo regulatorio más intervenido, donde el Estado retiene control sobre variables clave incluso después de la privatización. Según McKinsey Global Institute, los proyectos de infraestructura hídrica con marcos regulatorios predefinidos tienen tasas de finalización 30% superiores a los que dejan esas variables abiertas a negociación post-adjudicación. Tercero, la escala del compromiso financiero —potencialmente USD 15.000 millones en tres décadas— convierte esta concesión en uno de los contratos de infraestructura más grandes de la historia reciente de Argentina, con implicaciones directas para el mercado de deuda de proyecto y los instrumentos de financiamiento de largo plazo disponibles en el país.
