Auditorías federales detectan irregularidades por 957 millones en salud y migración
Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAGB) han identificado posibles daños al erario por un total de 957 millones de pesos en dos dependencias federales: los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Los hallazgos, derivados de fiscalizaciones correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, apuntan a compras consolidadas de medicamentos sin respaldo documental suficiente, pagos excesivos a proveedores y ausencia de información contable y presupuestal que impidió la dictaminación de cuentas.
En el caso de Birmex, los expedientes de compra revisados —25 procedimientos realizados entre enero de 2024 y julio de 2025— revelaron contrataciones de bienes y servicios por 192.8 millones de pesos sin la documentación requerida. Adicionalmente, se identificó un pago de 65.6 millones de pesos a una empresa farmacéutica sin cotización de respaldo, lo que podría constituir un daño directo al erario. La situación se agrava porque Birmex fue la única entidad auditada cuyos estados financieros no pudieron ser dictaminados: el auditor externo no recibió la información contable del ejercicio 2024, una omisión que compromete la trazabilidad del gasto público en el sector salud.
Por su parte, el INM no logró justificar erogaciones por 537 millones de pesos, cifra que representa la mayor parte del daño potencial identificado en el informe. La SAGB ha formulado recomendaciones orientadas a fortalecer los controles internos, establecer sistemas de trazabilidad en contrataciones y mejorar la capacitación del personal responsable de los procesos de compra. Las dependencias involucradas tienen oportunidad de presentar documentación aclaratoria; de no hacerlo, los expedientes podrían derivarse a investigaciones formales con posibles consecuencias administrativas. Para los estrategas de gobernanza corporativa y los analistas del sector público, estos hallazgos subrayan una brecha estructural en los mecanismos de rendición de cuentas que trasciende a las entidades auditadas y plantea preguntas más amplias sobre la madurez de los sistemas de control interno en el gobierno federal mexicano.
