Revocación de certificadoras fiscales y reforma al ISR endurecen control de evasión
Cinco proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet han perdido su autorización operativa tras una auditoría que identificó su participación en esquemas de operaciones simuladas. Las empresas sancionadas —Facturadorelectronico.com, DigiFact, FactureYa, EdiFactMx y Comercio Digital— concentraban en conjunto aproximadamente el 20.53% de la facturación nacional, lo que dimensiona el alcance potencial de las irregularidades detectadas. Las autoridades anunciaron que continuarán los procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal para consolidar las sanciones y prevenir nuevas operaciones fiscales simuladas.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta como parte del Paquete Económico 2027, con 322 votos a favor y 115 en contra. Entre los cambios más relevantes para el sector empresarial destaca el incremento del límite anual de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que pasa de 3.5 a 5 millones de pesos, con una tasa mensual del 2.50% hasta ese nuevo techo. Para el sector primario, el monto de ingresos exentos para productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros sube de 900 mil a un millón de pesos. Adicionalmente, la reforma deroga el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, al considerarse agotada su finalidad original.
Para los estrategas corporativos y directivos financieros, el mensaje regulatorio es claro: el escrutinio sobre deducciones autorizadas y pérdidas fiscales declaradas se intensificará de forma estructural, no coyuntural. Las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que registren utilidad fiscal quedarán sujetas a límites específicos en sus deducciones, lo que exige una revisión proactiva de las políticas de cumplimiento tributario. Aunque estar bajo revisión no implica automáticamente irregularidad, el nuevo marco normativo reduce significativamente los márgenes de ambigüedad que históricamente han sido aprovechados para reducir artificialmente la carga fiscal mediante comprobantes de operaciones inexistentes.
