Seguridad pública con menos presupuesto: cómo la IA y los drones redefinen la eficiencia policial
Reducir el presupuesto de seguridad pública en 20 millones de dólares mientras se mantienen —o incluso se elevan— los estándares operativos es una apuesta que pocos gobiernos se atreven a hacer explícita. El Salvador lo está haciendo, y el argumento central no es austeridad sino eficiencia tecnológica. Su Ministerio de Justicia y Seguridad pasará de 702.59 millones de dólares en 2026 a aproximadamente 682.59 millones en 2027, con la Policía Nacional Civil absorbiendo la mayor parte del recorte: de 471.92 a 446.29 millones de dólares. La diferencia, según las autoridades, será compensada por una reorientación hacia inteligencia artificial, drones y analítica de datos.
Esta lógica no es exclusiva de un país. Según el reporte 'Government AI Readiness Index' de Oxford Insights, los gobiernos que integran IA en operaciones de seguridad y gestión urbana reportan reducciones de entre 15% y 30% en costos operativos a mediano plazo, aunque los resultados dependen críticamente de la calidad de la infraestructura de datos y la capacitación del personal. En el caso salvadoreño, la apuesta tecnológica incluye 17 agentes virtuales policiales —con meta de 50 para 2027—, infraestructura de servidores NVIDIA, reconocimiento facial en tiempo real y una red de más de 200 kilómetros de fibra óptica que conecta cámaras, centros de datos e instalaciones estratégicas. La inversión proyectada en IA para el próximo año asciende a 4.4 millones de dólares, complementada con 1.14 millones para expansión del programa de drones, que ya cubre más del 80% del área metropolitana de San Salvador con tiempos de respuesta menores a cinco minutos.
Para estrategas corporativos e inversores en tecnología aplicada al sector público, este modelo representa una señal de mercado relevante: los gobiernos latinoamericanos están comenzando a tratar la tecnología no como gasto adicional sino como sustituto de gasto operativo. La prueba piloto con conectividad 5G para cámaras de vigilancia sin cableado, el uso de vehículos eléctricos y paneles solares como palancas de reducción de costos, y el despliegue policial guiado por datos de incidencia delictiva apuntan a un modelo de seguridad pública que se acerca, conceptualmente, a los principios de operación lean aplicados en manufactura y logística. McKinsey Global Institute estima que la adopción de IA en servicios gubernamentales podría generar entre 1.2 y 2 billones de dólares en valor global para 2030, principalmente a través de eficiencia operativa. El experimento salvadoreño, con todas sus particularidades de contexto político y social, ofrece un caso de estudio temprano sobre cómo esa promesa se traduce —o no— en resultados medibles sobre el terreno.
