Aguinaldo en México: montos, excepciones y propuestas de reforma que todo directivo debe conocer
Cada diciembre, el aguinaldo vuelve a ocupar el centro del debate laboral en México. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen la obligación de liquidar esta prestación antes del 20 de diciembre —con el 19 como fecha límite efectiva—, lo que convierte este periodo en un momento crítico de cumplimiento para las áreas de recursos humanos y finanzas corporativas.
El monto mínimo establecido por ley es de 15 días de salario para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, existen diferencias significativas según el régimen laboral. En el sector público, el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fija un aguinaldo mínimo de 40 días de salario, pagadero en dos tractos: 50% antes del 15 de diciembre y el resto a más tardar el 15 de enero. En el ámbito privado, diversas empresas superan el mínimo legal mediante contratos individuales, convenios colectivos o políticas internas, alcanzando en algunos casos 20, 30 días o más. Adicionalmente, los trabajadores que no hayan completado un año de servicio tienen derecho a la parte proporcional correspondiente, independientemente de si siguen activos en la organización al momento del pago.
En el plano legislativo, el Congreso ha analizado propuestas para duplicar el aguinaldo a 30 días mediante un esquema escalonado por antigüedad: 15 días para quienes tengan entre uno y dos años de servicio; 20 días de tres a cuatro años; 25 días de cinco a siete años; y 30 días para trabajadores con ocho o más años. Aunque estas iniciativas no han prosperado aún, su recurrencia en el debate parlamentario señala una presión estructural sobre los costos laborales que los estrategas de compensación deben incorporar en sus proyecciones a mediano plazo. Para los empleadores que incumplan con el pago en tiempo y forma, las sanciones van de 50 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por trabajador afectado —equivalentes a entre 5,865 y 586,550 pesos con el valor de la UMA vigente en 2026—, mientras que los empleados disponen de un año para reclamar y pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación y representación jurídica gratuita.
