Créditos fiscales para vehículos eléctricos: por qué su incertidumbre frena la adopción masiva
Proyectos de ley con pocas probabilidades de aprobación pueden ser tan dañinos para un mercado emergente como la ausencia total de política pública. Esa es la paradoja que enfrenta hoy el sector de vehículos eléctricos en Estados Unidos, donde una propuesta legislativa que busca duplicar el crédito fiscal federal para este tipo de unidades —de 7,500 a 15,000 dólares para vehículos nuevos, y de 4,000 a 8,000 para usados— circula en el Congreso sin coauspiciadores, sin mayoría legislativa favorable y sin posibilidades reales de convertirse en ley antes de 2029. La iniciativa, asignada a tres comités distintos, también propone hacer permanentes los créditos fiscales, eliminar sus fechas de caducidad y elevar el incentivo para equipos de carga doméstica del 30% al 50% del costo.
El problema estructural no es la ambición del proyecto, sino su temporalidad política. Estudios de comportamiento del consumidor en mercados de bienes durables —incluyendo análisis del National Bureau of Economic Research— documentan que los incentivos fiscales con fechas de expiración generan picos artificiales de demanda seguidos de caídas abruptas. El mercado estadounidense de vehículos eléctricos ya experimentó este fenómeno: cuando los créditos estuvieron en riesgo de eliminación, las ventas se aceleraron; una vez retirados, colapsaron. Proponer un crédito mayor sin certeza de aprobación replica exactamente ese ciclo disfuncional, pero en sentido inverso: los compradores potenciales podrían postergar decisiones de compra esperando un beneficio que estadísticamente tiene pocas probabilidades de materializarse.
Para los estrategas corporativos del sector automotriz y energético, la señal relevante no está en el monto del crédito propuesto, sino en la fragilidad del marco regulatorio como palanca de adopción tecnológica. McKinsey & Company ha señalado que la predictibilidad normativa es uno de los tres factores determinantes en la aceleración de mercados de movilidad eléctrica, junto con la infraestructura de carga y el precio de paridad con vehículos de combustión interna. En ausencia de esa predictibilidad, las decisiones de inversión —tanto de fabricantes como de consumidores— se vuelven reactivas y cortoplacistas. Para quienes diseñan estrategias de flotillas corporativas o evalúan oportunidades en la cadena de valor de electromovilidad en América del Norte, el escenario más probable para los próximos cuatro años es uno de incentivos reducidos o inexistentes, lo que obliga a recalibrar los modelos de adopción con base en el costo total de propiedad, no en subsidios fiscales.
