Subsidios al transporte público: cuando la coparticipación federal llega a la Corte Suprema
Tres provincias argentinas llevan ante el máximo tribunal del país un conflicto que expone las tensiones estructurales del federalismo fiscal: la eliminación, por decreto de necesidad y urgencia, de un fondo legislativo destinado a subsidiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. La Corte Suprema de la Nación admitió las demandas presentadas por Buenos Aires, La Rioja y La Pampa contra el Estado Nacional, y otorgó al Ejecutivo un plazo de 60 días para responder. Los pronunciamientos llevan la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El núcleo del conflicto es el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI), creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios en ciudades del interior. La provincia de Buenos Aires argumenta que el fondo seguía vigente al momento de su eliminación —prorrogado por la ley 27.701 para 2023 y por el decreto 88/23 para 2024— y que su supresión mediante el artículo 18 del DNU 280/2024 vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal. La demanda, presentada por el fiscal de Estado bonaerense, reclama transferencias no recibidas durante 2024, recursos correspondientes a 2023 y el primer trimestre de ese año, más los intereses generados. La Corte evaluará además una medida cautelar que podría ordenar pagos inmediatos una vez vencido el plazo de respuesta.
Para los estrategas de política pública y los directivos de empresas concesionarias de transporte, el caso tiene implicaciones que van más allá del litigio puntual. La decisión del tribunal de reconocer su competencia originaria en demandas similares de múltiples provincias convierte este proceso en un precedente sobre los límites del Ejecutivo para modificar por decreto mecanismos de financiamiento establecidos por ley. Según el planteo bonaerense, la eliminación del FCI ya derivó en aumentos de tarifas en los municipios que recibían compensaciones, trasladando el costo fiscal a los usuarios. La procuradora fiscal había emitido un dictamen favorable a la intervención de la Corte en mayo de 2024, criterio que el tribunal adoptó al ordenar notificar la demanda al Ministerio de Economía. El desenlace definirá no solo el futuro del financiamiento del transporte en el interior, sino también los márgenes institucionales dentro de los cuales el gobierno nacional puede rediseñar esquemas de transferencias interjurisdiccionales.
