Reforma previsional en Perú: cronograma de cambios estructurales al sistema de pensiones
Perú activará en 2027 los cambios más sustanciales de su sistema de pensiones en décadas, con la entrada en vigor progresiva de la Ley 32123, promulgada el 24 de septiembre de 2024 y conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Las reformas afectarán tanto a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con implicaciones directas para empleadores, trabajadores independientes y el ecosistema financiero vinculado al ahorro para el retiro.
El primer hito del cronograma ocurre el 1 de enero de 2027, cuando entrará en vigencia el aporte del 1% del Impuesto General a las Ventas (IGV) por consumo. Este mecanismo, inédito en la región, canalizará una fracción del gasto cotidiano de los ciudadanos hacia su fondo previsional personal, con un tope anual de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La activación del beneficio estará condicionada a la solicitud de boletas electrónicas que incluyan nombre y número de identificación del consumidor, lo que introduce un incentivo fiscal para la formalización de transacciones comerciales. El segundo hito clave se producirá el 1 de junio de 2027, fecha en que iniciará la afiliación universal obligatoria para jóvenes desde los 18 años, y en que se habilitará el libre traspaso entre AFP y ONP a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST). Este mecanismo de portabilidad previsional elimina una de las barreras históricas del sistema peruano: la rigidez estructural que impedía a los afiliados moverse entre regímenes según su conveniencia o situación laboral.
Desde una perspectiva de política pública comparada, el modelo peruano incorpora elementos que han sido explorados en otros mercados latinoamericanos con resultados mixtos. La cobertura previsional en la región sigue siendo un desafío crítico: según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, menos del 45% de los trabajadores de América Latina cotiza activamente a algún sistema de pensiones. La reforma peruana apuesta por ampliar la base de cotizantes mediante mecanismos no convencionales —como el aporte por consumo— y por reducir la fricción de afiliación para segmentos históricamente excluidos, como trabajadores informales y jóvenes que ingresan al mercado laboral. Para los estrategas corporativos y directivos de recursos humanos, el cambio más relevante en el corto plazo será la gestión del cumplimiento normativo ante la afiliación obligatoria y la adaptación de sistemas de nómina y beneficios a las nuevas reglas. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene previsto emitir normativa complementaria que precisará los alcances operativos de cada medida, lo que hace indispensable un monitoreo regulatorio activo durante 2025 y 2026 para anticipar ajustes organizacionales con suficiente margen de tiempo.
