Universalización de salud en México: riesgos fiscales para la seguridad social formal
México enfrenta una tensión estructural en su sistema de salud: la ambición de universalizar el acceso a servicios médicos choca con una arquitectura de financiamiento que no ha sido rediseñada para soportar esa expansión. El Servicio Universal de Salud (SUS), con fecha de arranque prevista para enero de 2027, no cuenta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 con recursos asignados al programa R038 para el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que deja sin respuesta la pregunta central de cualquier política pública de esta escala: ¿quién paga?
El diagnóstico de partida es severo. El seguro de enfermedades y maternidad del IMSS opera con un déficit de 151 mil 127 millones de pesos, equivalente al 23% de sus ingresos totales. Sobre esa base financiera frágil, el SUS proyecta incorporar a una población que hoy carece de seguridad social —casi la mitad de los mexicanos— y permitirle acceder a servicios de instituciones como el propio IMSS, que históricamente ofrecen mejores condiciones para cirugías y tratamientos de alto costo. El PPEF 2027 refleja ya una brecha significativa: el gasto destinado a asegurados es 126% mayor que el asignado a no asegurados, la diferencia más amplia registrada desde 2004. Si la demanda adicional se absorbe sin transferencias intergubernamentales etiquetadas, los recursos provenientes de las cuotas obrero-patronales podrían utilizarse para financiar atención a personas fuera del esquema contributivo, erosionando el principio de reciprocidad que sostiene el modelo.
La viabilidad operativa del SUS también presenta vacíos críticos que los estrategas de política pública y los directivos del sector salud deben monitorear de cerca. A la fecha, no existen tarifas definidas ni mecanismos de compensación entre instituciones, tampoco estimaciones formales de flujos de pacientes ni modelos de costo por tipo de padecimiento. La reforma de enero de 2026, que eliminó la asignación del Fondo de Salud para el Bienestar destinada a enfermedades de alto costo, agrava el escenario: el SUS contempla cubrir precisamente ese tipo de patologías desde su primer día de operación. Para el sector privado de salud, los fondos de inversión en infraestructura hospitalaria y los aseguradores médicos, esta incertidumbre regulatoria representa tanto un riesgo como una señal de oportunidad. Sistemas de salud que no resuelvan su ecuación fiscal tenderán a generar espacios para modelos complementarios, seguros suplementarios y esquemas de atención administrada que ofrezcan certeza donde la política pública aún no la garantiza.
