Cuando encender el fogón es un lujo: crisis energética y poder adquisitivo en economías restringidas
Adquirir un saco de carbón vegetal puede representar hasta el 155% del salario mínimo mensual en economías con restricciones estructurales severas. Ese dato, documentado por el Food Monitor Program en su análisis sobre Cuba, sintetiza una paradoja que enfrentan millones de hogares en mercados con inflación descontrolada, escasez de energía y cadenas de suministro fragmentadas: el combustible para cocinar se convierte en un bien de lujo antes que en un insumo básico.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025, el 35% de los encuestados recurrió a leña o carbón ante la ausencia de electricidad y gas licuado, mientras que el 80.4% reportó dificultades para preparar alimentos debido a cortes de suministro eléctrico. Estos indicadores no son anomalías aisladas: reflejan un patrón que los analistas de seguridad alimentaria identifican en economías donde la infraestructura energética colapsa antes que la demanda doméstica. El carbón vegetal, históricamente un recurso de subsistencia, se reposiciona como bien estratégico cuando fallan los sistemas modernos de distribución de energía, con precios que oscilan entre 2,000 y 5,000 pesos en el mercado informal.
Más allá del precio final al consumidor, la estructura de producción agrava el problema. Cuando los terrenos aptos para cultivar especies carboníferas —como el marabú o la aroma— están bajo control estatal o de intermediarios con acceso privilegiado, los pequeños productores quedan excluidos de la cadena de valor. El resultado es una intermediación forzada que eleva costos sin agregar eficiencia. Para los estrategas que analizan mercados emergentes o en transición, este caso ilustra cómo las distorsiones en el acceso a recursos naturales básicos se trasladan directamente al poder adquisitivo de los hogares, erosionando cualquier política salarial nominal. En economías donde el ingreso mínimo no alcanza para garantizar la capacidad de cocinar, la seguridad alimentaria deja de ser un indicador social para convertirse en un termómetro de viabilidad sistémica.
