Deuda como fuente de gasto público: una tendencia fiscal que presiona las finanzas del Estado
Catorce de cada 100 pesos del gasto público provienen hoy de deuda. Esta proporción, que en 2019 representaba apenas el 9.3% del gasto neto total, escaló hasta casi el 19% en 2024, cuando los ingresos derivados de financiamientos alcanzaron 1.74 billones de pesos frente a un gasto proyectado de 9.20 billones. El dato no es menor: refleja una brecha estructural entre la capacidad fiscal del Estado y el ritmo de crecimiento de sus compromisos obligatorios.
Detrás de esta dinámica se encuentran presiones presupuestarias de difícil contención: pensiones, subsidios a organismos como la Comisión Federal de Electricidad y apoyos financieros a Pemex. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2019 y 2025 el gasto creció a un ritmo promedio anual del 3.0%, mientras que los ingresos lo hicieron apenas al 2.0%. Esa diferencia acumulada de un punto porcentual anual explica, en buena medida, por qué el financiamiento se convirtió en una válvula de escape recurrente. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha advertido que mientras los requerimientos financieros se mantengan elevados, las obligaciones futuras seguirán acumulándose, y el costo financiero consumirá una porción creciente de los recursos disponibles, reduciendo el margen de maniobra de la política fiscal.
Hacienda proyecta que esta proporción descenderá gradualmente: 14.4% para 2026 y 13.9% para 2027. Sin embargo, la trayectoria de consolidación fiscal dependerá de variables que aún no están resueltas: el ritmo de crecimiento económico, la evolución del costo financiero de la deuda y la capacidad del gobierno para contener el gasto corriente. Para los estrategas corporativos e inversores institucionales, la señal relevante no es solo el nivel de deuda, sino la velocidad con que el Estado recupera márgenes fiscales para volver a utilizar el gasto público como palanca de crecimiento. En ese escenario, la discusión del Proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados adquiere una dimensión que va más allá del trámite legislativo: define el ritmo al que México intenta salir de una dependencia financiera que tardó varios años en construirse.
