Derechos de la naturaleza ante la justicia: cuando una especie redescubierta frena una obra vial
Pocas veces en la historia jurídica latinoamericana una especie animal ha sido el sujeto directo de una acción legal contra el Estado. Ese escenario, que parecería propio de la ficción, ocurrió en Ecuador cuando organizaciones científicas, abogados y comunidades locales presentaron una Acción de Protección en nombre del Atelopus ignescens —conocido como jambato negro— contra el Ministerio del Ambiente del país. En marzo de este año, una jueza determinó que el Estado había vulnerado los derechos de esta especie, marcando un precedente relevante en el marco de los derechos de la naturaleza reconocidos por la Constitución ecuatoriana desde 2008.
El caso tiene como trasfondo uno de los redescubrimientos biológicos más significativos de la región. El jambato negro, primera especie de sapo descrita formalmente en Ecuador, fue declarado extinto en 1988 tras desaparecer de los registros científicos. Casi tres décadas después, en 2016, una fotografía confirmó su existencia en Angamarca, un poblado andino de la provincia de Cotopaxi. Ese mismo año comenzó la construcción de una carretera que conectaría Cotopaxi con Tungurahua, atravesando la Quebrada Saripo y el río Guambaine, el único hábitat conocido donde la especie sobrevive y se reproduce. Investigadores documentaron cómo los sedimentos y escombros generados por la obra reducían el cauce del río, contaminando directamente el ecosistema acuático del que depende el anfibio.
Más allá del valor simbólico del caso, su relevancia para estrategas de política pública, inversores en infraestructura y líderes corporativos radica en una tendencia creciente: la judicialización de proyectos de desarrollo bajo marcos de derechos ambientales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el número de litigios climáticos y ambientales a nivel global se duplicó entre 2017 y 2022, superando los 2,000 casos activos. En América Latina, países como Colombia, Bolivia y Ecuador han incorporado a sus constituciones figuras jurídicas que otorgan personalidad legal a ríos, ecosistemas y especies, lo que abre una vía procesal antes inexistente. Para cualquier proyecto de infraestructura o desarrollo territorial en la región, ignorar este marco normativo emergente representa un riesgo legal y reputacional concreto, no una posibilidad remota.
